La LRF se reformó en 2018. A petición de Hacienda, la Asamblea Legislativa aumentó a cinco años el periodo de consolidación, que va de 2017 a 2021 y durante el cual debe aplicarse un ajuste fiscal de 5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Después llega el periodo de sostenibilidad fiscal, también de cinco años, y una de las metas es que la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), incluyendo la de pensiones, no supere el 60% del PIB en 2030. No obstante, las estimaciones de Hacienda indican que, sin esfuerzos adicionales, no se podrá cumplir con esta parte de la LRF.
En el portal estatal Transparencia Fiscal, Hacienda informa cada semestre cómo avanza el cumplimiento de la LRF, utilizando sus estadísticas y proyecciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
En 2017, indica el portal, la deuda del SPNF con pensiones representó el 69.7 % del PIB y en 2018 aumentó a 70.7 %. Las estimaciones del MFMP 2018-2028 advierten que si la tendencia se mantiene como hasta ahora, la deuda pública se mantendrá en el 70 % del PIB hasta 2028, lejos del 60 % que, como máximo, debe lograrse en 2030. “Para alcanzar dicha meta será necesario adoptar medidas estratégicas de política fiscal y económica”, reconoce Hacienda en Transparencia Fiscal.
Hasta el primer trimestre de este año, el SPNF acumuló una deuda de $18,352.5 millones, equivalente al 68.3% del PIB. En un escenario pasivo, el MFMP estima que esta variable concluiría 2019 en 70.6 % del PIB.
Critican incumplimiento
Analistas económicos consultados por Diario El Mundo consideraron que el incumplimiento de la LRF se debe a razones que van desde un mal diseño de la ley, hasta presiones políticas.
Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló que desde su aprobación la LRF no estableció qué medidas debían aplicarse para lograr el ajuste fiscal del periodo de consolidación y que sienta las bases para los siguientes cinco años, que es el de sostenibilidad. La ley señala que el ajuste del 3 % del PIB en el periodo de consolidación se logrará a través de medidas “de ingresos y gastos”, pero no especifica cuáles.
Este vacío es un portillo para la discrecionalidad. “La ley, al no establecer esos mecanismos que debieron adoptarse, básicamente te da un conjunto de metas que solo son un acto de buena fe”, indicó Castaneda.
Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), señaló que las metas se establecieron respecto al PIB, cuando lo indicado era fijarlas como porcentaje del presupuesto. Por ejemplo, qué proporción del presupuesto se usará para salarios –sin violentar los derechos de los empleados públicos, aclaró– o para comprar bienes y servicios.
“Sin duda es más difícil, pues al discutirse y aprobarse el presupuesto en la Asamblea, los diputados deberían ceñirse a eso. Ahora no lo hacen”, afirmó.
El analista de Funde también identificó razones exógenas que impiden cumplir con la LRF*. Rodríguez consideró que el incumplimiento de algunas metas en 2018 “a la incapacidad de contener el crecimiento del gasto corriente y, dentro de este, el gasto en sueldos y salarios”. Pero en el fondo también se demuestra la existencia de “un mecanismo de economía política al interior de la administración pública que impide el ajuste”, como presiones políticas y demandas salariales de los sindicatos públicos, factores que escapan del control del Ejecutivo.
“Esto será así aunque la ley diga que se alcanzará una equis meta fiscal en gasto corriente y sueldos. Es algo que funciona así. No estoy diciendo si es bueno o malo; la política, en sentido estricto, real, así funciona”, insistió.
*Esta nota fue modificada el jueves 2 de mayo, a la 1:24 de la tarde para corregir un error de edición. En la versión original se dio a entender que el gasto corriente, en particular los salarios, es una de las razones exógenas que explican el incumplimiento de la LRF. En realidad la fuente considera razones exógenas a las presiones políticas y demandas sindicales que pesan sobre el pago de remuneraciones.