Según su artículo 3, EE.UU. trasladará a Guatemala a los solicitantes de protección migratoria y Guatemala “no retornará ni expulsará a los solicitantes de protección en Guatemala”, excepto cuando el migrante se haya ido o le rechacen la solicitud.
Durante el proceso las personas serán “responsabilidad de los EE.UU. hasta que finalice el periodo de traslado” y EE.UU. tomará “la decisión final” sobre las excepciones. Entre las excepciones están los menores no acompañados, cuya solicitud de protección recaería en los EE.UU. y no en Guatemala según el artículo 4.
Luego, será Guatemala la que evaluará “una a una” las solicitudes de protección según sus leyes y el acuerdo, de las personas que llegan a los Estados Unidos. El acuerdo señala que EE.UU. le colaborará para “identificar a las personas idóneas para ser trasladadas”.
El acuerdo habla de un “plan de implementación inicial” que no se detalla y que sería incorporado “gradualmente” sobre procedimiento de traslado de personas, la cantidad de traslados y la capacidad. Hasta ayer, el acuerdo, que tiene una duración de dos años y cuya vigencia iniciará luego de procedimientos jurídicos en ambos países, enfrentaba ya dos demandas de inconstitucionalidad puestas en Guatemala.
Solo en México, hay 12,000 migrantes que han solicitado asilo, según reportes de Protección Fronteriza. En Estados Unidos, hasta abril de 2019, hay un total de 900,000 expedientes de migración a cargo de 424 jueces especializados en esa materia, según la Universidad de Syracuse, de Nueva York.
También, Estados Unidos tiene 340,000 casos de deportación cerrados administrativamente en los últimos 20 años que han sido reabiertos en 2018 por el fiscal general estadounidense.