La canciller de la República, Alexandra Hill, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, firmaron el acuerdo. / OEA
Los miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) se habilitarían como querellantes de casos de corrupción, luego de un conjunto de reformas legales que promovería el Gobierno ante la Asamblea Legislativa.
Así lo indica el artículo 5.2 del “Acuerdo marco entre el gobierno de la República de El Salvador y la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el establecimiento de la Cicies” firmado ayer en Washington por la canciller, Alexandra Hill, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El acuerdo indica que el Presidente de la República presentará y promoverá, a través de sus ministros, las reformas para prevenir y combatir la corrupción, entre ellas, “la de habilitar a los miembros de la CICIES para que se constituyan como querellantes”.
El acuerdo suscrito ayer es el tercer documento firmado sobre la Cicies. El primero fue una carta de intención el 6 de septiembre y el segundo un acuerdo suscrito el 20 de septiembre. Organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Cristosal, entre otras, han solicitado una Cicies independiente con participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante una solicitud del gobierno de Nayib Bukele, la ONU hizo una propuesta. Ante esta, aún no dada a conocer públicamente, el gobernante sostuvo que hay apertura a que la ONU participe junto a la OEA en la Cicies que ya está creada.
Acompañará a FGR
El acuerdo define competencias de la Cicies: podrá “acompañar o coadyuvar” a Fiscalía General de la República (FGR) en diligencias cuando esta institución lo requiera y trasladarle información o documentación que pudiesen constituir delitos relacionados con actos de corrupción.
La Cicies tendrá “el acceso inmediato a la información que esté en poder del Órgano Ejecutivo, incluyendo archivos oficiales, bases de datos, registros públicos y cualquier otro documento o información útil”, sin eliminar las restricciones que ordena la ley. Según el acuerdo, es una obligación del Gobierno ponerle a disposición esta información.
La Cicies podrá recomendar medidas para proteger testigos o denunciantes, y notificar presuntas faltas administrativas relacionadas por funcionarios, empleados y autoridades públicas.
La Secretaría General de la OEA estará obligada, dice el acuerdo, a presentar al Gobierno y al Consejo Permanente de la OEA informes semestrales de los trabajos realizados; y deberá rendir informes extraordinarios e información complementaria cuando el Gobierno así lo solicite.
En el acuerdo, la OEA se compromete a actuar con “absoluta independencia, objetividad, neutralidad y transparencia”. El Gobierno entregará a la Secretaría de la OEA $250,989 dentro de 15 días después de la suscripción del acuerdo a la cuenta que le indique el coordinador.
Las líneas de acción de Cicies
Asistencia técnica
La Cicies proporcionará apoyo técnico y colaboración activa en la investigación, persecución y sanción a actos de corrupción y desarticulación de redes de corrupción.
Fortalecimiento en prevención
Asesorará y recomendará políticas y reformas para prevenir actos de corrupción e impunidad desde los sectores público y privado, y para proteger a testigos.
Cooperación con sociedad
Cooperará con organizaciones, brindará asistencia a instituciones para el diseño de políticas de seguridad y protección a personas que participan en la investigación.