Nada más claro y tonto que el simbolismo político del cerco militar impuesto a los habitantes de La Libertad (municipio); el delito: desobedecer al dictador, osaron salir a la calle, el castigo: “Nadie podrá salir ni entrar al municipio y nadie podrá salir de sus casas, ni siquiera con causa justificada...”. A ese episodio sumemos a los desesperados en cuarentena que se atrevieron a protestar por sus derechos desde las ventanas del confinamiento del Hotel Beverly Hills y fueron trasladados al Puerto de La Libertad, convertido en el “Zacatraz” de cuarentena.

La realidad es que los habitantes de los pequeños municipios del sur del departamento de La Libertad, acuden al puerto, por ser el centro comercial, administrativo y financiero más cercano; ahí realizan trámites bancarios, pagos y de reclamos. Desesperados por el hambre y la crisis, buscan los ansiados $300, desordenadamente ofrecidos. Quienes por fin los reciben, aprovechan la plaza para comprar y abastecer sus necesidades básicas. De la misma forma, pequeños comerciantes compran al por mayor para luego vender al detalle, paleando la sobrevivencia en sus comunidades. El Dictador, que jamás ha visitado estos pequeños municipios, desconoce esta realidad, se relame desorbitado embriagado de poder, mientras sus frenéticas falanges juegan a dar órdenes desde la pantalla del celular.

Mientras, en la vecina Guatemala el presidente Giammattei, pegado al terreno, visita albergues, centros de operaciones, comunidades afectadas. En la aldea Ixcanal, en San Agustín Acasaguastlán, impuso un cerco sanitario, pero antes, abasteció de alimentos a la población. Comparar nos muestra que la decisión de imponer un cordón sanitario debe ser una medida justificada, conducida y dirigida por las autoridades de salud pública; quienes pueden ser acompañados con personal policial y militar pero nunca puede ser concebida como una operación militar.

El autoritarismo, improvisación y manejo abusivo de la crisis sanitaria, acumula innumerables excesos de uso de la fuerza, violatorios a Derechos Humanos, y denunciados reiteradamente por organizaciones y especialistas de salud que han señalado la administración arbitraria y antojadiza de los “Campos de Contención”, donde retienen y rotan por distintos “campos” a los confinados, exponiéndolos y aplicándoles interminables plazos que no corresponden a criterios médicos, sin proporcionarles información oportuna de sus exámenes realizados.

El mapa de pobreza del país, trabajado en coordinación con las agencias de Naciones Unidas, refleja las desigualdades sociales y económicas, la profunda marginalidad y extrema pobreza de amplios sectores; muestra el choque y contraste con la opulencia y riqueza de quienes ostentan el gobierno y el poder. Este instrumento debería conducir al ajuste de planes y políticas de salud pública para enfrentar esta crisis viral, implementando medidas de alivio en la cuarentena y tomando en cuenta las precarias condiciones en las que sobreviven estos sectores. El problema no es cumplir la cuarentena, el problema son las desigualdades económicas y sociales para asumirla.

En el reciente encuentro virtual del Grupo de Puebla, prominente espacio de presidentes y expresidentes, discutieron la urgencia de fortalecer la capacidad, rol y responsabilidad del Estado en el contexto de esta crisis viral para garantizar los derechos de todos; restablecer políticas de inclusión social, salud y seguridad alimentaria; medidas paliativas por el creciente desempleo y progresivas en materia fiscal; acrecentar la solidaridad, el multilateralismo y el desarme militar entre las naciones, así como la búsqueda de consensos sobre un modelo alternativo para la recuperación y el desarrollo.

El tiempo transcurrido desde que el presidente Bukele asumiera el gobierno y el de la crisis por la pandemia, han sido oportunidad suficiente para que demostrara su vocación democrática, sus capacidades de estadista, unificando y conduciendo al país. Sin embargo, cada día reitera su estilo autoritario, dictatorial y antidemocrático; niega la división constitucional de poderes del Estado, en abierta e irracional confrontación con el Legislativo y en franco desacato a resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Estos hechos confirman las actuaciones golpistas del 9F.

Lamentablemente pierden todo valor las diversas iniciativas y puentes al entendimiento con este gobierno desde los partidos políticos, que serán siempre vistos como rivales y por tanto se apuesta a su desaparición. Se abre el espacio entonces para construir un acuerdo y plataforma de lucha desde la ciudadanía, sin exclusiones, en un amplio bloque opositor de interés nacional, social y popular para enfrentar el autoritarismo del gobierno.