Fue sorpresivo el conversatorio en Casa Presidencial con algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil, al que Bukele se vio obligado a convocar después de más de dos años de gobierno de un intenso bombardeo mediático con sendas baterías de troles para descalificarlas, llegando a etiquetarlas de oposición política. La reunión no pareciera destinada a convertirse en un proceso de dialogo con objetivos, metas claras, agenda específica y un procedimiento institucional; más bien, pone en evidencia a una lánguida y acorralada silueta presidencial empujada y arrinconada por sus improvisaciones, una profunda crisis económica y diplomática y (al parecer) por la enérgica presión de cierta encargada de negocios que escopeta en mano lo sentaron a escuchar, cumpliendo así la formalidad de los requerimientos del FMI para los préstamos actualmente en negociación.
Conversar siempre será mejor que confrontar, sobre todo por el interés nacional. La premisa para converger en un proceso de diálogo es que quienes participan ganen el reconocimiento y calidad de “parte”, a nombre de una generalidad o representando a un sector específico con intereses y objetivos claros. Alcanzar acuerdos dependerá de la justeza de objetivos, de la capacidad y correlación de las partes, y por supuesto de la sabiduría de quien detenta el poder. Es imprescindible también establecer con claridad los mecanismos para hacer cumplir los acuerdos.
Cualquier conversación con el régimen debe ser útil para abordar: la persecución política, el pleno ejercicio de las libertades democráticas, retomar la ruta de los Acuerdos de Paz, las garantías de independencia entre los poderes del Estado, el desmontaje inmediato de las redes de comunicación (troll centers) que fomentan el odio y la descalificación, así como la corrupción de todas las épocas -incluyendo la que tiene ante sus narices-, la transparencia y el acceso irrestricto a la información pública, y una reforma fiscal progresiva sin olvidar la reactivación económica para todos los sectores.
El afán autoritario y vengativo del régimen pretende eliminar el pluralismo político partidario, hasta eliminar el registro legal de los principales partidos políticos de oposición, descalificando también a las nuevas expresiones partidarias. La actitud revanchista de Bukele no contribuye a generar un clima propicio para la reconstrucción nacional. Es claro que la oposición político partidaria ha sufrido una derrota electoral y política, se encuentra desarticulada, sin suficiente capacidad estratégica de respuesta, enfrentando una transición para redefinir su visión política, ideológica y reorganizar sus filas en el marco de una feroz persecución política.
Por eso, actualmente los principales factores representativos de la sociedad que cuentan con mayor posibilidad de expresión, espacios, crecimiento organizativo, movilización e incidencia son las organizaciones de la sociedad civil, la prensa independiente, las universidades, los embriones gremiales principalmente en el sector público, las asociaciones de veteranos de la fuerza armada y excombatientes de la guerrilla, asociaciones de profesionales, mujeres organizadas, así como el movimiento popular y comunitario, especialmente quienes luchan por el agua.
Bukele ya no está en su mejor momento, es totalmente falsa la premisa del ministro de hacienda afirmando que “el país va por un buen rumbo económico”, por el contrario, se derrumba ante la reciente conclusión de la calificadora de riesgo Moody’s que desploma de: “B3” a “Caa1” negativa, poniendo en evidencia los graves problemas de liquidez, y confirmando una alta vulnerabilidad fiscal, lo que provoca el cierre -aún más- de fuentes de financiamiento, acercando más al gobierno al escenario de impago en el que hace meses empezó a caer al no poder saldar sus compromisos con organismos internacionales y regionales entre ellos la Corte Centroamericana de Justicia y el Parlamento Centroamericano. Otra descalificación la estableció el JP Morgan Chase al medir el riesgo país producto del indicador de Bonos de Mercados Emergentes, situando al país en 703 puntos, mientras el promedio latinoamericano es de 348.
En este contexto, la economía doméstica de la familia salvadoreña se deteriora más por la inclemente alza de precios del combustible, energía eléctrica y gas propano que repercuten en un alza generalizada del precio de la canasta básica, el incremento en el precio del pasaje del transporte público en muchas rutas, pérdida de puestos de trabajo, estancamiento económico, y el incremento del salario mínimo que solo beneficia a una pequeña franja de trabajadores formales. Ante este cuadro de calamidad es necesario hablar, pero no en monólogos ni bajo falsos montajes de conversación, sino bajo el intercambio respetuoso de ideas, pero especialmente asumiendo y cumpliendo compromisos.