Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, durante la entrevista de Frente a Frente, de este viernes. /Cortesía TCS


Para Alejandro Zelaya, nuevo ministro de Hacienda, controlar el incremento de deuda pública -que superaría el 90 % del Producto Interno Bruto (PIB)- por la pandemia se debe realizar a través de mayores ingresos al fisco y para ello impulsará un plan de evasión tributaria.

Zelaya, que sumió el cargo la semana pasada tras la renuncia de Nelson Fuentes, consideró que "tristemente El Salvador siempre se ha enfocado su política fiscal hacia el gasto y yo soy de la idea que debemos enfocar nuestra política fiscal hacia el lado del ingreso" porque el flujo de evasión en el país ronda entre $1,800 y $2,000 millones anuales según cálculos de organismos internacionales.

El funcionario recordó que en su anterior cargo, como viceministro de Ingresos de Hacienda, impulsó un plan de evasión que dejó ingresos adicionales al Estado por $115 millones. "Vamos a continuar y profundizar las acciones que estamos realizando (...) Vamos a cerrar esos hoyos fiscales para obtener más ingresos y así no continuar con ese comportamiento de endeudamiento", aseguró.

Adelantó que Hacienda firmará un convenio de intercambio de información con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para "ayudarnos a tener una recuperación muchísima más rápida de la que hemos venido teniendo de los fondos que están siendo evadidos". "No creo que sea una cacería de brujas, yo creo que en este país debemos aprender a que los buenos empresarios deben pagar con sus impuestos", manifestó el titular de la entidad en la entrevista del Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Para controlar el incremento de deuda, El Salvador tiene la Ley de Responsabilidad Fiscal que se aprobó en 2016 producto de una negociación entre el Gobierno y al oposición para que le permitiera al Ejecutivo emitir $550 millones. Este marco establece un cóctel de medida para reducir tanto el déficit fiscal como el ratio del endeudamiento del Sector Público no Financiero (SPNF), que para 2030 no debería ser mayor al 50 % del PIB, descontando los compromisos previsionales.

Debido a la pandemia del covid-19, este año se proyecta que la deuda pública supere el 90 % del PIB (que mide la producción de bienes y servicios durante un período). Esto se debe a que Hacienda recibe menos ingresos tributarios por la paralización del tejido productivo, mientras que sus necesidades de gasto incrementan para responder a la emergencia, de esa forma debe recurrir a nueva deuda para fondear al Estado a través de colocación de bonos o con préstamos de multilaterales.

Hacienda tiene permitido conseguir $3,000 millones en deuda, de esos $1,000 millones ya los colocó en bonos y $1,624 millones se encuentran en préstamos presentados a la Asamblea Legislativa. Uno de esos créditos corresponde a los $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se ratificó la semana pasada y aún está pendiente de asignación presupuestaria.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ha afirmado que convocará a una plenaria el lunes próximo para darle asignación presupuestaria al crédito del BID, en tanto el ministro de Hacienda espera que los diputados retomen también las negociaciones para ratificar un préstamo de $20 millones del Banco Mundial destinado para insumos médicos y equipamiento hospitalario.