Las personas despedidas lamentaron que quienes estaban por jubilarse no cumplieron su tiempo y otras que padecen enfermedades crónicas se han quedaron sin cobertura médica del ISSS.


El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, envió este viernes a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para solicitar se autorice la exoneración de impuestos para “fondos de ayuda humanitaria” que dos oenegés tramitan para 210 exempleadas y exempleados de Industria Florenzi, cuya operación se declaró en quiebra durante la pandemia sin que sus propietarios cumplieran con las obligaciones de ley.

La ayuda financiera es gestionada por el Consorcio de los Derechos de los Trabajadores (WRC) y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), esta última será la responsable de administrar el donativo inicial conseguido y otros que se logren obtener durante próximos tres años.

El pedido de Hacienda es “la exoneración de gravámenes tributarios a los fondos de ayuda humanitaria para las personas extrabajadoras de Industria Florenzi SA de CV”, “por un periodo de tres años”, en cuyo tiempo el Gobierno pide estos donativos “queden exentos” incluso del Impuesto sobre la Renta.
Esperamos que la Asamblea Legislativa lo apruebe con la urgencia que necesitan estas personas, quienes muchas de ellas son madres solteras”. Rolando Castro, ministro de Trabajo.



Antecedentes del caso Florenzi


Industria Florenzi era una maquila textil que operaba en la calle Antigua al Matazano, en Soyapango, y cuya operación fue cerrada por sus propietarios el 1 de julio de 2020 aduciendo que tenían problemas de liquidez para seguir funcionando.

Los despedidos venían denunciando que desde el 19 de marzo de 2020, debido a la cuarentena domiciliar, la empresa dejó de pagarles salarios y prestaciones médicas, y que tras cerrar los empleados no recibieron sus respectivas indemnizaciones pese a tener vigentes contratos de 10, otros 15 y más de 24 años, a ellos dijeron los denunciantes los dueños de Industrias Florenz no les cancelaron las vacaciones, indemnizaciones y aguinaldo.

Los exempleados reclamaron ante los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Laboral el pago de $1.3 millones en concepto de salarios e indemnizaciones no canceladas por los empresarios de la compañía.