En la vida personal y en la vida nacional, siempre es necesario racionalizar las cosas, con cabeza fría y no dejarse llevar por lo que dicen –en el vecindario, en las redes sociales– sino por un análisis serio en el que uno quite el ruido, vea el bosque con serenidad y tome decisiones.

Al país suele faltarle ese raciocinio. Aquí usualmente se han tomado decisiones por impulso, por “populares” o por “impopulares”, por el qué dirán en las redes sociales. Temas controvertidos como la minería, el matrimonio igualitario o el edificio legislativo, terminan rebajándose a ser ridiculizados sin estudios técnicos, sin análisis serios. Muchas veces caemos en el pecado de opinar sin conocer los suficientes elementos de juicio, un terrible defecto de la sociedad actual que se refleja especialmente en las redes sociales.

Yo soy un crítico de la Asamblea Legislativa y de los diputados y creo que un edificio legislativo bajo alerta de terremoto es una soberana irresponsabilidad seguir ocupándolo. Esa es una realidad ineludible. Hay centenares de empleados legislativos, asesores, periodistas y visitantes de todo tipo, que a diario llegan a ese edificio y podrían tener un destino fatal en caso de un gran terremoto como los de 1986 o 2001. Entonces, partamos de ahí, el edificio sí se necesita.

Pero no se necesita un edificio de $32 millones y no creo que siquiera uno de $16 millones sea necesario. Se necesita un edificio funcional, útil, digno, seguro, pero no con una fastuosidad faraónica ni ostentación de políticos oportunistas. No veamos el edificio como un asunto pasajero que beneficia a una clase política bastante repudiada, sino una necesidad real de infraestructura y seguridad para seres humanos que laborarán dentro de él. Hay que discutir estos asuntos con racionalidad, leer los pros y contras de todo esto, y tomar la mejor decisión para el país.