El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) confirmó este mediodía la renuncia de su director ejecutivo, Javier Portillo Solano, y aseguró en un comunicado que este caso los obligará a fortalecer sus mecanismos de selección y contratación de personal.
"Los hechos acontecidos nos llevan a fortalecer nuestros mecanismos de selección contratación, mismos que garantizamos serán transparentes y abiertos al control ciudadano", dice el comunicado.
Según el comunicado, el presidente del IAIP, René Cárcamo, convocó a una sesión extraordinaria urgente del pleno del organismo para conocer el caso relacionado con el nombramiento de Portillo y dentro de ese proceso, se conoció la renuncia del funcionario cuya trayectoria había sido cuestionada por medios de comunicación y organismos de la sociedad civil.
Diario El Mundo informó el jueves pasado que Portillo había sido contratado en el IAIP y además reveló que desde su puesto de asesor de Casa Presidencial, defendió al expresidente prófugo Mauricio Funes, para que no entregara la información de sus viajes, viáticos, gastos de publicidad y auditoría interna de su gestión presidencial.
Diario El Mundo también reveló que Portillo Solano está inhabilitado como notario desde el 10 de abril de 2018 y dicha sanción durará tres años, es decir, concluye el 10 de abril de 2021 por decisión de la CSJ.
El comunicado del IAIP no hace ninguna referencia a cómo fue contratado Portillo ni sobre su suspensión como notario.
"Agradecemos la preocupación expresada públicamente hacia el IAIP por parte de diferentes organizaciones sociales que velan por la transparencia. A ustedes les decimos: los seguiremos escuchando", dice el comunicado.
El IAIP aseguró también a la población que continuarán trabajando por el respeto y garantía del derecho de acceso a la información pública.
"Seguiremos fortaleciendo nuestras labores de control, en aras de construir un país más trasparente", agrega.
El IAIP también hizo un llamado a la Asamblea legislativa a discutir la Ley de la Función Pública, para dar una plena efectividad de la transparencia en la gestión del Estado.