Así, deberá entregar una versión pública del registro diario de transacciones presupuestarias del objeto específico 54315 del 1 de enero al 31 de agosto de 2018, que incluya montos diarios, total diario y anual, fecha de transacción y número de compromiso presupuestario.
El IAIP argumentó que no hay una razón lógica, clara y creíble de que la información “pueda afectar la efectividad de un plan militar, la seguridad nacional, pública y los derechos a la vida, a la seguridad e integridad física”, y señala que es la institución pública que niega información la que debe justificar dicha negativa.
El secretario de Participación de la Presidencia, Marcos Rodríguez, aseguró ayer en Twitter que entregarán la información requerida.
De acuerdo a la resolución del IAIP, que deberá hacerse efectiva este viernes, la Presidencia deberá reducir el tiempo de reserva a los documentos restringidos por ser planes militares secretos y negociaciones políticas o por perjudicar la defensa nacional o seguridad pública, de siete a cinco años, contados a partir de la emisión del documento que se trate.
El IAIP exhortó también al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa para promulgar una ley que regule montos, destinos y mecanismos de control sobre el gasto reservado de la Presidencia, relacionada con el Organismo de Inteligencia del Estado.
El objetivo, dice el IAIP, sería “asegurar que los gastos reservados solo se utilicen en materia de inteligencia del Estado y no para otro tipo de propósitos como los gastos imprevistos y urgentes”.
Durante 2018, la Presidencia de la República tuvo $38.5 millones de gastos reservados, de los cuales $10.6 millones los gastó en diciembre, $6 millones en marzo, $3 millones en cada uno de los meses de febrero, mayo, junio y agosto.
