Icefi: Las bordadoras a domicilio son invisibles por culpa del Estado

Es “una vergüenza”, dice Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), al referirse a las empresas salvadoreñas exentas de impuestos relacionadas con empleos precarios como el bordado a domicilio.

La documentación obtenida por Diario El Mundo confirma que al menos cuatro empresas cuestionadas por sus prácticas laborales continúan recibiendo incentivos fiscales por ser depósitos para perfeccionamiento activo (DPA). También se han beneficiado del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondepro), del Ministerio de Economía (Minec).

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Esto demuestra, a juicio de Castaneda, que el Estado salvadoreño no tiene un estricto control de los beneficios fiscales que otorga y ha avanzado muy poco en determinar su impacto real en la generación de empleo de calidad. “Pareciera que el Estado está premiando a empresas que no cumplen las leyes laborales (…).Están invisibilizadas (las bordadoras) por culpa del propio Estado”, afirma el analista.

No es la primera vez que el Icefi recomienda a El Salvador revisar su esquema de incentivos, no solo porque le cuestan dinero al Gobierno, también porque no hay una adecuada fiscalización de las empresas que los reciben. En julio de 2016, el tanque de pensamiento publicó el informe “La eficacia de los incentivos fiscales en Centroamérica” donde evidencia que, solo hasta hace muy poco, El Salvador comenzó a cuantificar cuánto cuestan los incentivos fiscales.

Aunque un ciudadano puede conocer la lista de beneficiarios del régimen de zonas francas y DPA, el Ministerio de Hacienda tiene prohibido por ley revelar información sensible de los contribuyentes y esto incluye cuánto recibe cada empresa en incentivos fiscales, explica el titular de la cartera de Estado, Nelson Fuentes. No obstante, el funcionario considera que, por transparencia, los ciudadanos deberían tener acceso a esta información.

Pareciera que el Estado está premiando a empresas que no cumplen las leyes laborales (...). Están invisibilizadas (las bordadoras) por culpa del propio Estado”
Ricardo Castaneda
Analista del Icefi

“El tema de privilegios es un acto de buena fe”, señala Castaneda, puesto que los informes que la ley exige a las empresas beneficiarias son generados por ellas mismas y no producto de una vigilancia constante. El Código de Trabajo, por ejemplo, ordena a las empresas a inscribir a sus trabajadores a domicilio en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). Es decir, reportar o no la existencia de esta modalidad de empleo es, en la práctica, voluntario.

Una de las bordadoras a domicilio que demandó a la empresa para la cual trabajaba aseguró a Diario El Mundo que los inspectores del MTPS se negaron a visitar su hogar, a pesar de que en una vivienda cercana se encontraba el local que la compañía utiliza para recibir y entregar las piezas a las trabajadoras. El ministerio, aseguró, se limitó a visitar la planta “y allí me negaron, dijeron que no me conocían”. Su caso, no obstante, se sigue dirimiendo en los juzgados laborales.



¿Son efectivos los incentivos?

Un estudio de 2015 elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comparó el esquema de incentivos fiscales para zonas francas en El Salvador, Costa Rica y República Dominicana.

El informe se topó con que el país carece de información oficial por empresa para dar seguimiento en el tiempo a los beneficiarios de la ley de zonas francas, por lo que no pudo establecer el comportamiento de datos importantes como los pagos de salarios o las inversiones que han realizado estas compañías.

 

Lo que sí estimó el estudio del BID fue el impacto en el nivel de ventas y ganancias de las empresas beneficiadas, respecto a las que no gozan de estos incentivos. Con los datos recopilados desde 2005 concluye que las empresas con incentivos no venden ni ganan más dinero que las compañías sin estos beneficios. Una empresa con incentivos tiene ventas 50 % más bajas que una sin ellos y en el caso de las pequeñas empresas esa diferencia es mayor y llega al 67 %.

En las grandes empresas, añade el informe, no hay una diferencia notable en ventas y ganancias entre las beneficiadas con incentivos y las que carecen de ellos. “Es interesante remarcar que no existen diferencias entre las empresas con y sin beneficios respecto de la utilidad antes de impuestos”, indica. Es decir, los incentivos -que solo en 2015 le costaron al fisco $261.22 millones, según Hacienda- no están cumpliendo el objetivo para el cual fueron creados.

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