La administración de Nayib Bukele inicia cargando con las consecuencias de los problemas estructurales que adolecen las finanzas públicas y, si no se enfrentan estos desafíos, el cumplimiento de las promesas contenidas en el Plan Cuscatlán estará comprometido, advirtió ayer el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El tanque de pensamiento con sede en Guatemala presentó ayer en San Salvador una evaluación de los cinco años de mandato de Salvador Sánchez Cerén y los desafíos fiscales que enfrenta Bukele, quien llegó a Casa Presidencial el 1 de junio pasado.

Ricardo Castaneda, analista del Icefi, enumeró los retos que enfrenta el nuevo Gobierno, que van desde lograr que el gasto público sea suficiente para financiar el desarrollo, pasando por aumentar los ingresos del Estado y eliminar los privilegios fiscales injustificados, hasta reformar el sistema previsional y reestructurar la deuda pública.

Además, la nueva administración deberá cumplir con las metas establecidas en la ley de responsabilidad fiscal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una agenda acordada por todos los miembros de las Naciones Unidas.

 

El pacto fiscal

En su Plan Cuscatlán, Bukele se comprometió a negociar un pacto fiscal y este ejercicio es la clave para cumplir las promesas contenidas en ese documento, afirmó el tanque de pensamiento.

“El Icefi invita que, frente a estos desafíos, el Gobierno inicie por el cumplimiento de uno de los ofrecimientos en el Plan Cuscatlán: el establecimiento de un pacto fiscal”, señaló la entidad.

Según el instituto, el inicio de una nueva administración es “una ventana de oportunidad” para lograr un acuerdo político de gran envergadura.

No obstante, los grandes partidos, ARENA y el FMLN, salieron debilitados de las elecciones presidenciales. Castaneda señaló que por ello es importante que el pacto fiscal pase por una negociación amplia con diferentes actores de la sociedad civil, con el fin de darle legitimidad al proceso.

 

Escenario retador

El Icefi señaló que en los próximos cinco años vencen $2,400 millones en bonos y otros $2,500 millones se necesitarán para pagar intereses y amortizaciones de la deuda pública, indicó Castaneda.

A esto se suman las exigencias de la ley de responsabilidad fiscal, que demanda alcanzar una carga tributaria bruta (es decir, sin excluir las devoluciones de impuestos) superior al 18.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2021.

Además, para ese mismo año se debe haber completado un ajuste fiscal del 3 % del PIB, pero la ley no especifica cómo se logrará. Esto obliga al Gobierno a presentar una hoja de ruta que le permita cumplir con lo estipulado en la ley.

Durante la presentación del documento, el Icefi desarrolló un foro con otros analistas económicos, entre ellos Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

Rodríguez señaló que el nuevo Gobierno también debe impulsar una política de crecimiento económico y de atracción de inversión. No obstante, advirtió que estas medidas no deben implementarse en detrimentro de la política fiscal.

 

Las promesas de Bukele



Crecimiento

Promete tasas de crecimiento económico de al menos del 3.5 % para 2024 y la ejecución de megaproyectos como un aeropuerto en el oriente del país, transporte ferroviario, entre otros.

 

Obras

Promete ejecutar 36,500 obras en cinco años, 20 obras por día, así como incrementar el gasto social al 3 % del PIB dentro de la estructura presupuestaria y el de salud a no menos del 5 % del PIB.

 

Finanzas

Promete establecer la renta mundial para personas naturales, incorporar la tasa global de renta, implementación de un impuesto a los flujos de efectivo, el predial y gravamen de tierras agrícolas ociosas.

 

Reformas

Promete una ley general de incentivos fiscales para la producción y el empleo, un IVA diferenciado, conversión de la deuda de corto y mediano a largo plazo, así como un pacto fiscal.