Entre los bienes incautados hay casas amplias en el oriente del país. / Cortesía FGR
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República impuso medidas cautelares (incautación provisional) a bienes, inmuebles y dinero a nombre de un grupo familiar de nueve personas de Morazán, ayer.
Este proceso de extinción de dominio está relacionado a la causa penal que la Fiscalía General de la República le sigue a la profesora, Jesús Anabel Flores Batres, quien junto a sus parientes supuestamente lavaron $18 millones.
A Flores Batres, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) le atribuye el blanqueo de $185 mil, el resto de dinero supuestamente fue blanqueado por el resto de sus parientes prófugos, entre los años 2003 y 2014.
El principal señalado es su hermano Jaime Adalberto Flores Batres, los demás acusados son: Sonia Amaya Márquez, Rosa Batres de Flores, Sandra Yasmín Flores Batres, Elías Flores Batres, Verónica Rodríguez de Flores, María Brígida Márquez, y Rosa Amaya Márquez.
Ayer, fiscales de extinción de dominio materializaron la incautación de 21 inmuebles ubicados en los municipios San Carlos y San Francisco Gotera, departamento de Morazán y en Lolotique, San Miguel.
El Ministerio Público informó que además de los inmuebles han impuesto medidas de embargo a 45 productos financieros, entre cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, por un monto de $2,300,000, también se han decomisado dos vehículos.
Las investigaciones realizadas habrían determinado que las acciones ilegales del grupo familiar supuestamente comenzaron en el año 2003, cuando se detectó un incremento patrimonial injustificado.
Los bienes, inmuebles y dinero serán puestos a la orden del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), para que garantice el buen funcionamiento mientras se sigue todo el proceso de extinción de dominio, donde la jueza especializada resolverá si procede o no que pasen al Estado o se devuelvan a sus propietarios.
La próxima diligencia de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía es presentar en un plazo máximo de 90 días la solicitud oficial con la cual dará inicio toda la etapa procesal y que los afectados (propietarios) puedan demostrar la procedencia lícita de los bienes y desvirtuar los señalamientos que son producto del lavado de dinero.