El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó el miércoles abusos de los derechos humanos en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega, al lanzar el informe anual del Departamento de Estado sobre la situación mundial en la materia.
En su presentación ante periodistas, el secretario de Estado eligió solamente a Nicaragua en el hemisferio occidental para mostrar los desafíos en materia de derechos humanos. En el resto del mundo, mencionó a Irán, Sudán del Sur y China.
"En Nicaragua, cuando los ciudadanos pacíficamente protestaron contra la pérdida de beneficios de la seguridad social recibieron disparos de francotiradores. Los críticos del gobierno enfrentaron una política de 'exilio, cárcel o muerte'", dijo el secretario de Estado.
El reporte de 2018, referencia para el Congreso para determinar la ayuda exterior, señala al igual que otros años graves violaciones a los derechos humanos en Cuba y Venezuela. Pero se explaya sobre Nicaragua, sacudida el año pasado por masivas protestas antigubernamentales.
En el país centroamericano, "los derechos humanos se deterioraron notablemente durante el año", apunta.
El informe dice que el "sistema político altamente centralizado y autoritario" del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ordenó a fuerzas policiales y parapoliciales reprimir "con violencia" las manifestaciones que estallaron en abril.
Como resultado, da cuenta de al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de detenidos ilegalmente y torturados, y más de 52.000 exiliados en países vecinos para noviembre.
Además, subraya que Ortega "enmendó las leyes de terrorismo para incluir actividades democráticas y usó el sistema judicial para caracterizar a actores de la sociedad civil como terroristas, asesinos y golpistas.".
Entre los abusos a los derechos humanos en Nicaragua, el reporte enumera homicidios arbitrarios cometidos por el gobierno o sus agentes, desapariciones forzadas por fuerzas de parapoliciales, tortura y violaciones sexuales por parte de funcionarios, así como detenciones arbitrarias.
También destaca la existencia de "prisioneros políticos", arrestos de periodistas, censura, interferencia "sustancial" con los derechos de reunión pacífica, ataques contra la Iglesia Católica, corrupción "generalizada", trata de personas, ataques contra la comunidad LGBTI, discriminación contra minorías étnicas y comunidades indígenas, y trabajo infantil.
"Ortega fortaleció activamente la impunidad para quienes violaban los derechos humanos y le eran leales", concluye.