El informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas señala que denuncias por casos de desplazamiento forzado interno aumentaron en un 45.01% en 2019 en comparación al año anterior, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía, durante el año pasado se registraron 2,136 personas en todo el país fueron víctimas del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, tipificación que -según el informe- da el Ministerio Público al fenómeno del desplazamiento forzado en El Salvador.

Este dato indica que las víctimas de desplazamiento aumentaron un 45.01 % en relación a 2018, cuando la institución contabilizó unas 1,473 denuncias.

Sin embargo, el Observatorio advierte que las denuncias ante las autoridades en el país "son mínimas" comparadas con el embate del fenómeno, tanto por "falta de capacidad instalada" de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fiscalía, como "falta de confianza" de la población.

Datos del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), adscrito al Consejo Noruego de Refugiados, reflejan que sólo en 2018 la cifra de desplazados internos en el país fue de 246,000 personas, mientas que el año pasado hubo más de 450,000 víctimas. Esto supone un aumento de 82.93 % en los casos de desplazamiento forzado.

El informe aclara que la metodología para calcular el número de afectados por desplazamiento interno se basa en la recolección de distintas fuentes de información, incluyendo las encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP).

Tomando los datos oficiales de la Fiscalía, el informe del Observatorio Universitario señala que los más afectados por la limitación ilegal de circulación fueron 1,154 hombres, 742 eran mujeres y en 240 casos no se determinó el género de las víctimas.

La población que más denunció tenían entre los 18 a 30 años de edad, le siguen individuos entre los 31 a 40 años y de 41 a 50 años. Los departamentos que más acumularon casos fueron San Salvador con 889 víctimas, seguido de La Libertad con 314, Santa Ana con 196, Ahuachapán con 143 y La Paz con 139.

Mientras que los municipios que más reportaron casos por limitación ilegal a la libertad de personas son San Salvador 146, Soyapango con 144, Apopa con 122, Santa Ana con 95 e Ilopango con 75 casos.