La Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa inició hoy una jornada de entrevistas sobre una posible ley de justicia transicional según la diputada presidenta de la comisión, Rebeca Santos.

El primer entrevistado, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, presentó una consulta a las víctimas de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado.

Tobar les dijo a los diputados que hoy "se está dando un gran paso" al retomar la deuda con las víctimas. Sugirió que se creen jueces de justicia transicional.

En esta consulta realizada en la PDDH, las víctimas expresaron insatisfacción por la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado y procesos penales abiertos no concluyentes o con justicia retardada, pero también piden la verdad sobre quién cometió los hechos, cómo y en qué fecha.

Las víctimas coinciden en que debe haber un juicio y debe haber cárcel. En menor cantidad, que el ámbito de justicia también está el pedir perdón y resaltar la responsabilidad. Las condiciones que generaron el conflicto armado persisten. Algunos decían: está bien que haya una normativa que establezca responsabilidades, ¿pero qué se gana con tener en la cárcel a personas? Apolonio Tobar, procurador para la defensa de derechos humanos.

Así mismo, asegura que las víctimas piden "justicia y/o reparación". Detalló que es necesario no revictimizar a las víctimas. Ejemplificó que la ley aprobada por la Asamblea Legislativa anterior establecía tres escalas para un proceso judicial haciendo una revictimización de la persona.

Las víctimas también piden la creación de unidades de salud con atención psicológica en particular, indemnización, pensión vitalicia para familiares adultos mayores, tierras cultivables, reparación moral.

En febrero de 2020, la anterior Asamblea Legislativa aprobó la "Ley especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional" por diputados de Arena, PCN y PDC. La normativa permitía a la Fiscalía que archive los casos de los cuales no encuentre indicios en 12 meses.

La normativa también creaba un fondo de $10 millones para la reparación de víctimas y, aunque no aprobaba por ley una disminución de penas, permitía a los jueces rebajaran dichas penas hasta una cuarta parte y abría la puerta a una conmutación de penas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, vetó la ley, tildándola de burla, infamia, asquerosa y prescripción de delitos de facto.

El procurador aseguró que dicha ley generaba impunidad porque permitía el perdón de la pena por la edad del victimario.

Sin embargo, el Gobierno aún no ha permitido el acceso a los archivos militares en los procesos judiciales abiertos, como El Mozote.

En octubre de 2020, en un cuarto intento por inspeccionar los archivos militares en la brigada de artillería Óscar Osorio, San Juan Opico, La Libertad, la Fuerza Armada de El Salvador bloqueó del juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán.

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En marzo de 2020, comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) denunciaron que el Ministerio de Defensa les negó el ingreso para llevar a cabo una diligencia de inspección de archivos militares entre 1970 y 1995 solicitada por la Universidad de El Salvador (UES).