Para el caso de la participación del Ministerio de la Defensa en los hechos del 9F. en los que tomó una decisiva posición política al acompañar al presidente Bukele en la militarización de la Asamblea Legislativa, el funcionario deberá responder a 17 preguntas de los diputados que tienen como propósito dilucidar si obró en obediencia y fidelidad al presidente y por tanto en contra del mandato constitucional de mantener la apoliticidad de la Fuerza Armada. Por otra parte, deberá revelar quién y con qué justificación, le dio la orden de participar en la operación militar.
Los Artículos 211 y 212 de la Constitución, señalan que la Fuerza Armada es “apolítica y no deliberante”, además de ejercer la función primaria de “defender la soberanía del Estado y de la integridad del territorio”, así como mantener la paz interna por mandato de la presidencia de la República. En ningún momento faculta al presidente, a utilizar a la Fuerza Armada en un acto eminentemente político, como la toma de la Asamblea, ni menos al ministro del ramo a obedecer lo que parece es, una orden contraria a la letra y espíritu de la Constitución.
La reciente encuesta realizada por una universidad privada, arroja mayoría a quienes están de acuerdo con los hechos del 9F, lo que pone de manifiesto la inquietante percepción que quienes creen que el actual conflicto de los poderes Ejecutivo, Legislativo es un pleito personal entre el presidente y los diputados. Sin conocer si la manera en que se llevó a cabo la encuesta, la naturaleza de las preguntas y la selección de la muestra reunieron la condición de una encuesta científicamente elaborada, el resultado no es seguro. Lo cierto es que se trata de algo mucho más grave que eso, pues se habla de un desequilibrio institucional que pone bajo riesgo la integridad de la democracia y de los valores inmutables por los que se rige la República.
El resultado de la interpelación al ministro de la Defensa, es un importante acontecimiento en la historia política de la nación, pues en él se pondrá a prueba el funcionamiento de los pesos y contrapesos de la institucionalidad del Estado, además de sacar a la luz pública consecuencias que puedan ser constitutivas de delito, lo que obligaría a la inmediata intervención de la Fiscalía General de la República.
Por el momento falta por ver cómo quedará constituida la Comisión Interpeladora, cuyos miembros requieren poseer las calificaciones de honestidad e imparcialidad, pero sobre todo de inteligencia y carácter, para el manejo ecuánime y firme, en la formulación de las preguntas y repreguntas que, se espera sea, contundente y capaz para impedir fugas conceptuales que conviertan al proceso en algo oscuro, inconcluso e impune.
En resumen, si los órganos del Estado, permanecen apegados al dictamen de las leyes y al orden constitucional tienen una oportunidad de oro de demostrar que han alcanzado la madurez política suficiente para no incurrir una vez más en pasados acontecimientos que sólo acarrearon sufrimiento y destrucción a la nación.