Ante esta realidad, la cual no parece tener solución, a pesar de que en nuestro país ya existe una variedad de leyes administrativas y penales diseñadas para prevenir comportamientos inadecuados en la ejecución del gasto público, muchas personas han llegado a la conclusión de que es importante tomar medidas más drásticas para acabar con la problemática. Entre las más populares: eliminar el juicio abreviado, acabar con la prescripción de los delitos de corrupción o crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
En apariencia, dichas iniciativas ayudarían a someter ante la justicia a aquellos funcionarios públicos envueltos en casos de corrupción, quienes, supuestamente, se ven beneficiados por las brechas existentes en el actual sistema judicial. No obstante, si bien éstas pudieran llegar a tener algún impacto positivo, es probable que nada más sea de manera temporal, puesto que no atacan la raíz del problema: el sistema económico intervencionista.
En efecto, una consecuencia natural que siempre se ignora sobre cederles a los políticos la facultad de intervenir en el mercado para “arreglar sus fallos”, tal como la que otorga nuestra Constitución, es la corrupción. Al disponer ellos del poder para crear impuestos, aprobar proyectos, ceder monopolios, mover recursos y muchas otras cosas más, son prácticamente libres a utilizarlo para traficar favores con aquellos empresarios que temen a la competencia y que buscan alguna ventaja en el mercado para mantenerse en negocios.
Prueba sobre la relación entre el intervencionismo y la corrupción, puede encontrarse haciendo una sencilla comparación entre el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional y el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage. Si bien la relación no es completamente directa, es evidente que los países peor evaluados en términos de corrupción son también aquellos en donde los políticos intervienen más en la economía. Mientras que, lo opuesto es cierto para los que tienen mejores notas.
Para efectos ilustrativos, y con la intención de eliminar algunas variables que se pudieran señalar, tomemos como ejemplo dos países que prácticamente son uno mismo, pero que por diversos motivos viven una realidad muy distinta: Corea del Norte y Corea del Sur. De acuerdo a Transparencia Internacional, de 180 países evaluados, el primero está ubicado en el puesto 176 y el segundo en el 45 en cuanto a sus niveles de corrupción. Dicha diferencia puede explicarse haciendo uso del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, el cual revela que entre tales países, el que está más controlado económicamente es el del norte, el cual se encuentra en la posición 180 frente a su hermano del sur que está en la 29.
Por lo tanto, se puede concluir que una manera más efectiva para combatir la corrupción que tanto nos agobia, consiste en liberar el mercado de toda la intervención estatal que se pueda. Sin embargo, como eso implica para los políticos coartarse su propio poder, es casi una utopía pensar que eso pudiera llegar a suceder, ya que sin esa facultad, muchos de ellos dejarían de ser relevantes para la sociedad y tendrían que regresar al sector privado para ganarse la vida, idea que a ellos les disgusta.