El tanque de pensamiento mide la inversión pública directa del gobierno central destinada a la niñez y adolescencia (IPNA) desde 2007 y para el próximo año representará $1,004.4 millones, indicó ayer el ICEFI durante la presentación de su análisis del Anteproyecto del Presupuesto de la Nación de 2020.
Esa inversión significará un incremento de $63.2 millones adicionales respecto a 2019, pues se espera que represente $941.2 millones. Sin embargo, “en términos de prioridad macroeconómica” la IPNA apenas representará el 3.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), un punto adicional al 3.5 % de este año.
Al desagregar la IPNA presupuestada para 2020, detalló el ICEFI, por cada niño y adolescente se invertirá $1.30 diarios, esto equivale a un incremento de $0.10 frente a los $1.20 de 2019.
En los últimos seis años, la inversión pública en niños y adolescentes apenas ha aumentado $0.30. Los datos del ICEFI detallan que en 2014 se destinó $1 diario, pero durante cuatro años -de 2015 a 2018- representó $1.10 y fue hasta 2019 que se elevó a $1.20.
“Tenemos que tener claro que en el presupuesto se refleja la política fiscal de un país” así como las “propiedades de un gobierno”, indicó Ricardo Castaneda, coordinador país del ICEFI. “Es allí donde podemos realmente comprobar si el discurso se concreta con la realidad o simplemente queda en papel”, sumó.
Castaneda planteó que el presupuesto de 2020 se elaboró en “un contexto social con más desafíos que avances”. En esa realidad se evidencia que en El Salvador se encuentran más de dos millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 720,000 corresponden a niños.
Diferencia con diputados
Aunque el ICEFI pretendía presentar ese análisis a diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, al evento solo asistió la parlamentaria del FMLN, Yanci Urbina, y por ARENA llegó Donato Vaquerano. Durante un panel de discusión, Urbina aseguró que aprobar el anteproyecto del presupuesto en los términos presentados por el Ministerio de Hacienda, respecto a los gastos financieros para pagar remuneraciones y servicios, sería concretar un “fraude de ley”.
Urbina se refirió al incremento de $124 millones del rubro 55 de Gastos Financieros, un destino cuestionado por los diputados y tanques de pensamiento, pues según declaraciones de funcionarios estos recursos se destinarían luego para el pago de planilla, bienes y servicios. Hacienda habría estructurado el anteproyecto de esa manera para cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
Vaquerano, por su parte, aseguró que “todavía en este presupuesto hay una cantidad enorme de costumbres que han venido arrastrándose durante muchos años”. Indicó que desde 2009 “se viene con la lucha” de ordenar las finanzas públicas a través de una ley de responsabilidad fiscal.
Esa normativa se aprobó en 2016 y “obliga a este Gobierno a cometer toda esa estrategia de tratar de esconder dinero como lo que hemos estado señalando”, sumó.