Los policías fueron acusados ayer en el Centro Judicial Isidro Menéndez. / DEM
Hasta $3,000 querían cobrar un grupo de 19 agentes de la Policía Nacional Civil, por incapacidades avaladas con documentos falsos, según una investigación fiscal que ayer fue presentada en sede judicial.
La Fiscalía General de la República confirmó que investiga una estructura al interior de la corporación policial y otras instituciones públicas, que extiende incapacidades falsas, luego que la misma institución denunciara que sus elementos se incapacitaban y presentaban constancias falsas.
La fiscal del caso explicó que las incapacidades que se entregaban son similares a las originales a excepción de los sellos que son diferentes a los del Hospital Médico Quirúrgico, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que era el nosocomio que supuestamente las había extendido a la mayoría de los 19 imputados que ayer fueron acusados en el Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador.
Los agentes se incapacitaban y la Policía pagaba el subsidio porque sobrepasaba los dos días, pero el encargado de ese trámite en la institución recopilaba todas las incapacidades para enviarlas a Subsidios del ISSS.
“El jefe de Subsidios del Seguro Social se percató de las anomalías porque ellos tienen un registro de los sellos de los lugares, tienen el registro de los doctores y de las firmas de los doctores. Cuando se da este caso le notifican a la Policía que no le pueden dar el reintegro del dinero porque las incapacidades eran falsas”, explicó la representante del Ministerio Público.
En las pesquisas realizadas los médicos, al ser entrevistados, han manifestado que ellos nunca han emitido esas constancias de incapacidad a los policías por lo que al indagar se han detectado varios casos.
La fiscal dice que este es el primer caso judicializado, pero en realidad en la institución han recibido muchos avisos y que estas anomalías llevadas a sede judicial es algo cotidiano, no solo en la Policía Nacional Civil, sino también en muchas instituciones públicas.
El expediente judicializado ayer es contra 19 agentes policiales, 14 fueron detenidos el pasado viernes por orden fiscal y remitidos para que se les notificara por el delito de uso y tenencia de documentos falsos.
Los hechos que se les atribuye supuestamente fueron cometidos entre septiembre del año 2017 y enero de 2018, según el Ministerio Público este es el primer proceso que han llevado a los juzgados, pero hay muchos casos más indagados.
La pretensión del Ministerio Público es llegar hasta el origen de la estructura que ha estado extendiendo a los policías y empleados públicos las constancias de incapacidad falsas, porque los imputados solo las presentaban, pero debe haber alguien que se las entregaba.