El informe conocido ayer se titula “La última resistencia de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana”, y es firmado por Douglas Farah y Caitlyn Yates, de IBI Consultants, LLC, y la Universidad Nacional de Defensa (INSS, por sus siglas en inglés), luego de cinco años de investigación de campo y recolección de documentos en 11 países.
De acuerdo al informe, esta empresa criminal conjunta no solo tomó miles de millones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción en la región.
La investigación señala expresamente a José Luis Merino, viceministro para inversión y desarrollo financiero del Gobierno del FMLN, y “otros reputados testaferros” crearon “una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá”.
Los investigadores determinaron, a través de entrevistas a inteligencia financiera panameña, que Alba Petróleos y sus compañías vinculadas transfirieron $1.1 mil millones a ocho compañías panameñas y luego estos fondos terminaron en paraísos fiscales del Caribe y Europa, como Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia, declarando a su vez la deuda “incobrable”.
Ventas falsificadas
La investigación, que señala la existencia de ventas falsificadas de petróleo, detalla que Alba Petróleos “casi no recibió petróleo de PDVSA entre 2010 y 2017” aunque registró ingresos de $200 millones anuales. Según la investigación, Albanisa, una subsidiaria de PDVSA en Nicaragua, usa métodos similares para crear compañías de fachada y guardar los fondos venezolanos.
La investigación revela otros mecanismos de lavado de personajes como de Raúl Gorrín, el propietario de una red de noticias que usó compañías de fachada, incluido un banco dominicano, que ocultaba fondos lavados de ingresos de delitos.
También, señala las operaciones en minería de oro ilícita como forma de obtener ganancias y de lavar ingresos porque la industria es poco regulada, como la empresa KSMH, que opera bajo la protección de un mandatario condenado por narcotráfico, proveedor de armas para las FARC y un individuo elegido con apoyo financiero de Hugo Chávez. La investigación también menciona proyectos falsos como una refinería en Nicaragua en la cual se invirtió casi medio billón de dólares con pocos resultados visibles.
Los autores de la investigación indican que los fondos del Estado enviados fuera de Venezuela oscilan entre $10,000 y $43,000 millones entre ambos años y que la red criminal cuenta con el apoyo de entidades estatales, negocios ilícitos y grupos criminales organizados, por lo cual socava el Estado de Derecho, la gobernanza democrática y las alianzas de Estados Unidos.
