Familiares de presos protestaron por la emergencia, ayer, frente a Casa Presidencial. / DEM
Los estados de emergencia decretados por el Gobierno en el penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, Cárcel de Mujeres y los pabellones para reclusos de los hospitales Rosales y Psiquiátrico fueron revocados ayer por tres jueces de vigilancia penitenciaria.
No obstante, las medidas decretadas en los penales de “Zacatraz”, San Vicente, Izalco y Sonsonate fueron ratificadas por los jueces que tienen bajo su responsabilidad esos reclusorios.
Pasadas las 4:00 de la tarde estaba pendiente la resolución del Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de Santa Ana, para que se pronunciara sobre el estado de emergencia decretado en el penal de Apanteos; la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, informó que solo se tenía el proyecto de la decisión a emitir.
Del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Ana no se obtuvo información respecto a las medidas del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas en Metapán, así como el Centro de Atención Especial en Salud para Privados de Libertad con enfermedades crónicas de Santa Ana.
Una de las primeras resoluciones de ayer las emitió el juez Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, quien revocó las medidas ordenadas por el presidente Nayib Bukele, por considerar que los fundamentos no están motivados.
Centros Penales dice que se decretó el estado de emergencia porque a través de informes de inteligencia conocieron que las pandillas MS y el barrio 18 planificaban atentados contra policías, militares y custodios de los penales y que el centro de operaciones sería un lugar conocido como Las Cruces, de Panchimalco.
Según el juzgado, esos hechos no están ocurriendo dentro del penal de Mariona, sino que es información externa, por ende no se pueden ratificar dichas medidas, de igual forma resolvieron los juzgados Segundo y Tercero de Vigilancia Penitenciaria.
Argumento del juez
El juez argumentó que los supuestos ataques son organizados fuera del penal, y las medidas solo proceden cuando el peligro está dentro del reclusorio, como ocurren fugas o amotinamientos.
Parte de la resolución que emitió el Juzgado Primero de Vigilancia de San Salvador, que tiene bajo su responsabilidad el penal de Mariona.
