Fotografía: Archivo Diario El Mundo
Un juez de Estados Unidos ha aceptado evaluar el recurso presentado por el excoronel y exviceministro de Defensa de El Salvador Inocente Montano para evitar su extradición a España, país que lo reclama por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría.
El juez Terrence W. Boyle determinó que debe celebrarse una audiencia para estudiar el caso el próximo 17 de noviembre en la corte del Distrito Este de Carolina del Norte, con sede en la ciudad de Raleigh, según figura en una breve notificación judicial, a la que tuvo acceso hoy Efe.
Después de un largo proceso judicial, el 5 de febrero, una jueza dio luz verde a la extradición a España de Montano, reclamado desde 2011 por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco por el asesinato de los jesuitas españoles durante la guerra civil que vivió El Salvador (1980-1992).
No obstante, en abril, la defensa recurrió la extradición y cuestionó la capacidad de España para investigar la masacre que ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron a Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y a otras siete personas.
Entonces, un "escuadrón de la muerte" irrumpió en el Centro Pastoral de la Universidad de los jesuitas, les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, donde aparecieron a la mañana siguiente sin vida y con varios tiros en el cuerpo.
Los otros sacerdotes asesinados son los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López.
También murieron la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas. En su escrito, la defensa argumenta que el salvadoreño, de 73 años, sufre diversas enfermedades, necesita atención médica y, por tanto, no debería ser extraditado.
La Justicia de El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el juez Velasco consideró que fue un fraude de ley porque los hechos no fueron, a su juicio, correctamente investigados y reclamó en 2011 la extradición de los acusados.
Los diferentes crímenes de guerra cometidos en El Salvador durante la guerra civil no han sido juzgados por la promulgación de una ley de amnistía en 1993.
No obstante, en julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña declaró "inconstitucional" la ley de amnistía, lo que supone la reapertura de procesos judiciales como el de la masacre de los jesuitas, y el caso del magnicidio de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia católica.
Después de que en febrero una jueza de Estados Unidos aprobara la entrega a España de Montano, la Policía salvadoreña inició un operativo para capturar a 16 militares retirados que viven en El Salvador y a los que reclama la Justicia española.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro de los acusados: el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.
Los otros 12 militares requeridos por España posiblemente abandonaron el territorio salvadoreño, por lo que se les considera prófugos de la justicia.