El magistrado Terrence W. Boyle evalúo durante una audiencia en la corte del Distrito Este de Carolina del Norte, con sede en Raleigh, un recurso interpuesto por la defensa para liberar a Montano, mientras se resuelve el proceso de su extradición a España, aprobada por una jueza en febrero del año pasado.
La defensa recurrió el fallo de la jueza y, en abril, pidió la puesta en libertad de Montano mientras se resuelve el proceso de extradición, que ya lleva meses estancado en el tribunal de Raleigh.
De 75 años, Montano no puede moverse sin un andador, sufre artritis en sus piernas, tiene diabetes y un cáncer de vejiga le hace depender de una bolsa para poder ir al baño, según afirmó la defensa en su recurso.
Durante los últimos dos años, Montano ha estado encerrado en una prisión de Greenville (Carolina del Norte), en un celda para dos personas "del tamaño de un armario" y donde los reos pasan 21 horas del día recluidos con solo tres horas "de descanso", según retrató la defensa.
"No ha visto la luz del sol ni ha respirado aire fresco durante dos años, excepto cuando es transportado a la corte", añadió.
Frente a las peticiones de la defensa, el juez Boyle celebró hoy una audiencia para considerar la posibilidad de que Montano sea enviado a casa de su hermana, en Carolina del Sur, para que pueda recibir los cuidados que necesita.
El magistrado no emitió hoy su decisión, pero la dará a conocer por escrito, según el registro de la audiencia al que accedió Efe.
Montano podría así esperar en libertad la resolución del proceso de extradición a España, algo que reclama desde 2011 el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco para poder juzgar el asesinato de los jesuitas españoles durante la guerra civil que vivió El Salvador (1980-1992).
La jueza Kimberly A. Swank de la corte del Distrito Este de Carolina del Norte aprobó la extradición el 5 de febrero de 2016.
Pero, en abril de 2016, la defensa recurrió la extradición y cuestionó la capacidad de España para investigar la masacre que ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron a Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y a otras siete personas.
Entonces, un "escuadrón de la muerte" irrumpió en el Centro Pastoral de la universidad de los jesuitas, les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, donde aparecieron a la mañana siguiente sin vida y con varios tiros en el cuerpo.
Los otros sacerdotes asesinados eran los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López.
También murieron la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.
La Justicia de El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el juez Velasco consideró que fue un fraude de ley porque los hechos no fueron, a su juicio, correctamente investigados y reclamó en 2011 la extradición de los acusados.
Los diferentes crímenes de guerra cometidos en El Salvador durante la guerra civil no han sido juzgados por la promulgación de una ley de amnistía en 1993.