El exsecretario de la Presidencia, Julio Rank. Archivo DEM


El próximo 30 de marzo, se resolverá si el exsecretario de la Presidencia, Julio Rank, sale de prisión bajo libertad condicional anticipada, como su defensa ha pedido.

El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, en un oficio notificado a las 10:22 de la mañana de este jueves, convoca a las partes para la audiencia oral en la que se discutirá si Rank, condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero, puede o no gozar de ese beneficio que otorga la Ley Penitenciaria.

La diligencia se realizará tras una resolución del pasado 20 de marzo en la cual la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró ha lugar el hábeas corpus que Julio Rank a través de su abogado Lisandro Quintanilla presentó el 25 de noviembre de 2019.



Los magistrados resolvieron que a Rank, se le vulneraron los derechos de acceso al recurso y libertad física por parte de la Cámara Mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria, al declarar inadmisible una apelación en la que la defensa mostraba su inconformidad por la denegación a la libertad condicional, por parte del juez Primero de Vigilancia Penitenciaria.

El abogado Lisandro Quintanilla, en el hábeas corpus pidió a la Sala de lo Constitucional que permita a Rank salir del penal de Mariona, ya que el juez de vigilancia y magistrados de Cámara Mixta, rechazaron esa solicitud, pero los magistrados tampoco ordenaron ponerlo en libertad, sino que sea el juez quien lo decida.

El 25 de septiembre de 2019, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena rechazó otorgar la libertad condicional anticipada a Julio Rank, porque la sentencia no está en firme, pues la condena de cinco años por lavado de dinero, bajo un procedimiento abreviado, estaba en conocimiento de la Sala de lo Penal.

El juez de vigilancia también denegó ese beneficio porque Rank, tiene activo un proceso en el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, donde la Fiscalía pretende que algunos bienes pasen al Estado.