Entre los acusados figura la ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca. / Wilson Urbina
El juez 7o. de Instrucción de San Salvador Miguel Ángel García Argüello, al dar por culminada ayer la audiencia preliminar en contra de 13 imputados del caso conocido como “Destape a la Corrupción II”, advirtió que a su tribunal las presiones económicas y políticas no le torcerán el brazo al momento de emitir su resolución.
Previamente, cada uno de los imputados le pidieron al juzgador que valorara detenidamente las pruebas que sus defensores le han presentado y calificaron que este es un caso armado por la Fiscalía sin ningún fundamento.
García Argüello les expresó a los imputados que tengan la seguridad que emitirá una resolución basada en el ofrecimiento de la prueba; debido a lo voluminoso del expediente y la complejidad del caso, mediante oficio se notificará el día en el cual se dará a conocer la decisión del juez.
Los abogados defensores y los acusados le solicitaron un sobreseimiento definitivo, contrario a lo pedido por la Fiscalía General de la República, que busca un auto de apertura a juicio. “¿Qué es lo que espera la Fiscalía de esta audiencia? pues que el juez valore todos los elementos de prueba que nosotros le hemos presentado, que los admita en su totalidad”, dijo una fiscal especializada contra la impunidad al finalizar después de dos semanas la audiencia preliminar.
La ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, en su derecho a la última palabra, se limitó a decirle al juez: “Solamente reiterarle que me declaro inocente”, mientras que su hermano, Óscar Edgardo Mixco Sol dijo: “La justicia tiene que prevalecer, en estos casos es bien difícil poder decir algunas cuestiones, pero en el caso personal quiero reiterar mi inocencia, estamos claros que yo no tuve absolutamente nada que ver en todo esto y no tuve conocimiento de ninguna ilegalidad”.
Los seis exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) al exponer al juez su petición de última palabra, manifestaron que todas las actividades realizadas y que la Fiscalía las ha calificado como ilegales fueron en el marco de su trabajo como oficiales de inteligencia y que al ser procesados se les ha expuesto su integridad física y familiar.