El caso incluye la acusación al expresidente Mauricio Funes por pecular $351 millones.


El Juzgado 7o. de Instrucción de San Salvador levantó la reserva total al proceso penal conocido como “Saqueo Público” que tiene como principal acusado al expresidente Mauricio Funes. La resolución fue emitida por el juez Miguel Ángel García Argüello, luego que la Fiscalía General de la República presentara el pasado 3 de abril un escrito solicitando que se eliminara dicha reserva.

Previo a esa petición, el fiscal general Raúl Melara, había informado que solicitaría levantar la reserva total a todos los casos de delitos de corrupción. El 25 de marzo de 2019, el funcionario publicó en su cuenta oficial de Twitter: “La gente tiene derecho a saber. He ordenado que se pida levantar la reserva judicial, en todos los casos ligados a corrupción”.

El juez García Argüello, tras analizar la petición del Ministerio Público, determinó procedente modificar la reserva total a parcial ya que “existe reserva de ley en algunas actuaciones”.

En el proceso “Saqueo Público” el Ministerio Público señala que el expresidente Mauricio Funes creó una red sofisticada para pecular más de $351 millones, durante su administración; la indagación de año y medio llevó a la Fiscalía a individualizar a 32 personas en total.

Según el plan criminal que la representación fiscal expone en la carpeta judicial diligenciada en el Juzgado 7o. de Instrucción, entre los años 2009 al 2014 se utilizaron los gastos reservados de la Presidencia, incrementándolos para después sustraerlos de forma ilegal.

Al mandato presidencial de Funes, la Asamblea Legislativa le asignaba $80 millones 818 mil 285, pero mientras duró la gestión se estuvo pidiendo refuerzos presupuestarios a través de notas al Ministerio de Hacienda.

Bajo ese rubro se trasladaron inicialmente $54 millones, pero como el 25 de agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional, en una sentencia, declaró ilegal ese mecanismo de traslado de fondos públicos; Funes supuestamente creó su propio mecanismo disfrazado en gastos imprevistos y otras instituciones estatales.

Este caso está en la fase de investigación y peritos están realizando una serie de análisis para presentarlos como prueba en la audiencia preliminar.