La jueza de la corte del distrito de Estados Unidos en Washington DC., Ketanji Brown Jackson, frenó anoche el programa de deportaciones llamadas “expeditas” o “rápidas”, que son aquellas que no requieren que los inmigrantes pasen por una audiencia judicial para ser enviados a sus países de origen.

Con su decisión ordenó detener la nueva política impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y argumentó que el proceso de toma de decisiones del gobierno parecía haber violado la ley federal, según una publicación de Noticias Univisión.

Además, indicó que esa política parecía arbitraria y criticó a los funcionarios federales de inmigración por no realizar una práctica formal de notificación y comentarios, los cuales son pasos requeridos para llevar a cabo cambios importantes en normas federales.

"Los actores gubernamentales que toman decisiones de política en su capacidad oficial no pueden sucumbir a caprichos o pasiones mientras hacen las reglas", expresó en su resolución la jueza Jackson.

"Si una decisión de política que toma una agencia tiene consecuencias suficientes de que califica como una regla de la agencia, entonces la arbitrariedad en la decisión de los contornos de esa regla (...) simplemente no servirá", agregó.

La política de Trump fue anunciada el 23 de julio y concedía poderes extras a los agentes de inmigración para detener a indocumentados en cualquier lugar del territorio estadounidense y así su expulsión se llevara a cabo de manera acelerada, si estos tenían antecedentes criminales y no demostraban que llevaban al menos dos años en ese país. Con esta medida, podían ser expulsados sin pasar por un tribunal de inmigración.

Previo a entrar en vigencia esta política, el proceso se aplicaba solo a los indocumentados detenidos a menos de 100 millas (unos 160 kilómetros) de las fronteras y que llevaban menos de dos semanas en ese país.

El fallo de la jueza es de inmediato cumplimiento y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no podrá aplicar las deportaciones rápidas mientras el proceso judicial continúa en curso. La demanda a esta disposición de Trump fue presentada en agosto pasado por la organización Make to Road New York, junto a organizaciones LUPE (La Unión del Pueblo Entero) y We Count!, quienes alegaron que la nueva regla aceleraba las deportaciones sin un proceso legal justo.

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