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El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador resolvió este jueves, en audiencia inicial, que el exdiputado por el partido Arena, Norman Quijano sea procesado por el delito de fraude electoral por lo que ordenó la detención del político, tras encontrar presuntamente “fuertes indicios” de su vinculación con las pandillas en el proceso electoral de 2014.

Según declaraciones del fiscal Arturo Cruz, la juzgadora fundamentó su resolución en que Quijano “no había tenido ninguna muestra fehaciente de quererse someter al proceso penal”, por lo que ordenó su detención por “fraude electoral” e “instrucción sin medidas” por el “delito de agrupaciones ilícitas”
Creemos que los arraigos que ha presentado (la defensa) no son suficientes, máxime cuando tenemos una salida del país, horas antes de que terminara su mandato como diputado. Eso nos da una impresión de que no se va a querer someter al proceso”. Arturo Cruz, fiscal del caso.

Por esa razón, en las próximas horas la jueza Séptimo de Paz hará uso de todos los recursos legales para girar la orden detención provisional contra el exparlamentario y por encontrarse fuera del país, la orden será también girada a la Policía Internacional (Interpol), aseguró Cruz.

La medida fue impuesta pese a que Quijano es diputado electo para el Parlamento Centroamericano.

“La jueza ha interpretado correctamente la normativa que el fuero constitucional en todo caso es en función de su cargo y en este caso, el señor Norman Quijano no está gozando de esas prerrogativas”, porque aún no ha asumido su puesto como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), sino hasta octubre de 2021.

Sin embargo, la defensa solicitó en la audiencia a la jueza que detenga este proceso hasta que la Fiscalía complete el procedimiento ante el Parlacen y retiren la inmunidad parlamentaria.
Si no funciona esa petición que aplique la prescripción de la acción penal, de modo que si los hechos sucedieron antes del 9 de marzo de 2014 al 1 de mayo de 2021, han transcurrido 7 años y si la pena máxima para estos delitos es de 6 años, la pena está prescrita”. explicó el abogado Lisandro Quintanilla.

Como tercer opción, la defensa ha presentado una resolución de la Cámara Especializada de Sentencia de lo Penal de San Salvador en la que dice que el testigo Noé, “es un testigo mendaz que no merece ninguna credibilidad y revocó la condena de muchos imputados en la Operación Cuscatlán”, señaló Quintanilla.


Fiscalía busca más pruebas sobre reunión con pandillas


“Tenemos fuertes indicios probatorios de que el señor Norman Quijano se reunió con los principales líderes de las pandillas en la cual, él les hizo un ofrecimiento monetario a través de personajes a fines al partido Arena”, afirmó uno de los fiscales del caso poco antes de iniciar la diligencia.

Según la Fiscalía, la negociación supuestamente se concretó en una iglesia denominada Red de Pastores, en la que los cabecillas expusieron a Quijano cuál era su jerarquía dentro de su agrupación y además le afirmaron que ellos eran los voceros de los asuntos políticos de sus organizaciones criminales.
Él se puso a negociar y les financió $100,000 a efectos de que éstos les endosaran los votos de las pandillas, así como también de sus familiares y tuvieran incidencia en la comunidad donde ellos operaban, en el sentido de hacer presión para que los habitantes de dichas comunidades votaran por Arena”. sostuvo el fiscal Cruz.

Dijo además, que Quijano, en ese momento, figuraba como candidato presidencial por parte de Arena en clara competencia de Salvador Sánchez Cerén del FMLN. Días después de haber sostenido esa reunión con estos “personajes”, fueron convocados a una oenegé, conocida como Interpis, administrada por el intermediario de las pandillas Raúl Mijango.

En esa reunión, según la Fiscalía, se encontraba presente Paolo Lüer, quien manifestó a los presentes (pandilleros MS, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios) con instrucciones de seguir el proceso que se había iniciado con Quijano y previamente con el exalcalde de Ilopango, el ya fallecido, Salvador Ruano y el exalcalde capitalino, Ernesto Muyshondt.

El señor Paolo Lüers les entregó $100,000 a las tres pandillas presentes, a las maras MS, pandilla 18 Revolucionarios, la pandilla 18 Sureños y se repartieron el dinero; $50,000 para la MS y $25,000 a los 18 Revolucionarios y 18 Sureños. Este ha sido el contexto de la acusación que se ha presentado”. subrayó el fiscal Arturo Cruz.

La Fiscalía dice tener vídeos de la reunión del excandidato Norman Quijano con los pandilleros y otras evidencias que corroborarían la entrega de dinero a las pandillas.

Pero la defensa asegura tener su propia versión de los hechos, el abogado Lisandro Quintanilla dice que la base de la acusación contra Quijano es la declaración del testigo Noé, al que califica de “testigo mentiroso”.

Agregó que todo lo que el testigo Noé ha dicho, es un tema que en campaña política se expresaron algunas políticas que son constitucionalmente válidas: “cómo se aborda el problema de la delincuencia pandilleril, cómo se aborda el problema de la reinserción social de los jóvenes vinculados a estos grupos criminales, cómo el Estado puede realizar tareas y reasignar un presupuesto adecuado para la labor de reinserción social, de rescate de personas en están en riesgo. Esas fueron las políticas que se abordaron en esa reunión”, manifestó el abogado.
Los testigos han dicho que la única preocupación de Quijano en esa campaña fue buscar que las maras no violentaran a los votantes de Arena, que no les prohibieran votar y que no los amedrentaran. Todo eso se ha manipulado y ha dado lugar a este caso”. afirmó Quintanilla.

Sobre el maletín de los $100,000, que repartieron a las pandillas, el defensor afirmó que hay otras personas vinculadas, pero en este caso no se le imputa a Quijano la responsabilidad del maletín negro con el dinero, “eso no se ha acreditado en este proceso”, reiteró.