Un silencioso Munguía Payés se lava las manos al bajarse de la patrulla en el que fue trasladado a los juzgados de San Salvador, en donde más de una vez declaró como testigo del proceso de la tregua entre pandillas. / Diego García
La jueza especializada de Instrucción “A” ordenó ayer a las 4:00 de la tarde, que el Instituto de Medicina Legal (IML) hiciera una evaluación médica al exministro de Seguridad y Defensa, David Munguía Payés, con el fin de determinar si padece de hipertensión arterial como lo expusieron sus defensores al momento de pedir que se le otorguen medidas alternas a la detención.
Los abogados del exministro presentaron arraigos, entre ellos el familiar; señalaron que tiene bajo su cuido y responsabilidad a su madre de 90 años, con quien reside en la zona sur de San Salvador, además incorporaron un dictamen médico del Hospital Militar que expone que padece de hipertensión arterial.
Este último dictamen quiere ser corroborado por la jueza, escuchando opinión del IML que por ley es la entidad calificada para opinar sobre el estado de salud de imputado.
La funcionaria judicial dijo que ella estaba lista para emitir ayer de forma inmediata la resolución, pero ante el informe del Hospital Militar necesitaba verificarlo con peritos permanentes de Medicina Legal.
La juzgadora con más de 25 años ejerciendo la judicatura, de los cuales, 13 ha fungido como jueza especializada, se caracteriza por darle mucha validez a los arraigos siempre y cuando se los comprueben y fundamenten, en varios procesos complejos de crimen organizado también ha hecho valer el lado humano de los imputados, por lo que su resolución programada para este miércoles podría depender mucho de lo que diga el IML.
La defensa solicitó que se otorgue medidas alternas a la detención y propusieron que el exministro está dispuesto a pagar una fianza de $10 mil, pero si la jueza considera que puede ser un monto superior estarían en la disponibilidad de reunir la cantidad.
Que para aplicar las medidas se tome en cuenta una resolución de hábeas corpus que emitió la Sala de lo Constitucional en abril de 2020, donde le pide a los jueces que la detención provisional de un imputado no es la única medida a tomar, sobre todo cuando el país está enfrentando la pandemia por covid-19 y donde los adultos mayores y personas con padecimientos se vuelven vulnerables al ser enviadas a prisión, en este caso Munguía Payés, tiene 70 años y es hipertenso.
La Fiscalía General de la República se opuso a las pretensiones de los defensores y pidieron a la jueza que Munguía Payés debe continuar en prisión porque existe el peligro de fuga y hasta puede llegar a entorpecer las investigaciones de la fase de instrucción la cual debe ser de seis meses, según lo plantearon ayer en la audiencia de imposición de medidas.
El fiscal de la unindad anticorrupción, Álvaro Rodríguez, dijo que el exfuncionario sabía perfectamente de todo las actividades ilícitas que se estaban suscitando en el período de la tregua, que tuvo un dominio y total conocimiento.
La tregua según el Ministerio Público fue una negociación entre dos poderes, el fáctico conformado por las pandillas y el poder estatal del que eran parte Munguía Payés y el entonces presidente de la República Mauricio Funes, para quien el próximo viernes se realizará la audiencia y actualmente se encuentra asilado en Nicaragua.
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