La jueza Noveno de Instrucción de San Salvador avaló este martes un segundo embargo a la empresa italiana Astaldi, por $227 millones en concepto de daños y perjuicios a la autónoma tras el incumplimiento de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, ubicada en San Luis La Reina, San Miguel.
“Decrétase embargo preventivo en los bienes de Societa per Azione, que se abrevia Astaldi S.P.A. por el monto de $227, 675, 113, la cual deberá responder subsidiariamente como ha sido establecido en párrafos supra relacionados”. Resolución que emitió el 28 de septiembre la jueza Noveno de Instrucción, Nora Montoya.
Las propiedades por embargar están en Italia por lo que se debe contar con las asistencias judiciales internacionales necesaria para que surtan efecto en ese país, trámites que inician en la Corte Suprema de Justicia, en el país, la Cancillería y la embajada de Italia en El Salvador.
La jueza consideró que la resolución se fundamenta en los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, que es un tratado multilateral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para prevenir y combatir la corrupción política, del cual, El Salvador e Italia son firmantes.
En este caso figuran como imputados:
- El expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena,
- El expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour Gómez.
- José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”
- Mario Pieragostini Maiocchi, quien fue representante de Astaldi en El Salvador,
- José Efraín Quinteros, quien la fiscalía define como el experto en ocultamiento y disfraz del origen ilícito
- Y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, pareja del expresidente Funes.
En agosto pasado, el representante legal de CEL, Orlando Quijano, explicó que los $227 millones son adicionales a los $50 millones que según la Fiscalía General de la República, los imputados Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán y cuatro más, afectaron al Estado tras el arreglo directo con la italiana.
En febrero de este año, el Juzgado Noveno de Instrucción avaló un embargo sobre todos los bienes de Astaldi en el país, que la empresa constructora dejó varados en el lugar donde se edifica la presa El Chaparral.
La resolución de la jueza también ordena embargo para el representante de Astaldi en El Salvador, Mario Pieragostini y para el expresidente de la CEL, José Leopoldo Samour, sin embargo, no detalla la cantidad.
LA CEL
Ayer en la tarde, el presidente de la CEL, Daniél Álvarez, reiteró que los $227 millones que pidieron embargar se dividen en tres rubros: el primero, $61 millones aproximadamente, solo de responsabilidad civil; $ 54 millones aproximadamente en concepto de pagos de intereses de los préstamos que hizo Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción de la presa.
Y el tercero, $111 millones en pérdidas, dinero que dejó de percibirse por el atraso de la presa.
“Es indignante ver de qué manera afectaron a las instituciones del Estado solo para desviar fondos a un spa, por $3.5 millones”. Daniel Álvarez, presidente de la CEL.