El pasado sábado, la fiscalía acusó a los 10 detenidos del caso en los tribunales de San Salvador. / Cortesía FGR


El Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador conocerá hoy la situación jurídica del exdiputado del FMLN y expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales y otros 13 imputados, señalados por la Fiscalía General de la República de integrar una red que habría lavado $6 millones.

El pasado sábado al momento de presentar la acusación formal, el Ministerio Público solicitó al juzgado que las diez personas detenidas el jueves 9 de enero, se mantengan en detención y que se gire orden de captura para los cuatro prófugos, entre ellos Sigfrido Reyes.

Entre los 14 imputados la Fiscalía dice que han incurrido en los delitos de lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del estado), estafa agravada, incumplimiento de deberes y falsedad documental.

Los detenidos son Susi Melba Guadalupe Rodríguez, esposa del exdiputado, Reyes, Delmy Beatriz Vela, René Antonio Díaz, Jenny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, Marco Antonio Bercián, Sonia Inés Morales Rivas, Kevin Mauricio Larrazábal Morales, y los empleados de la Corte de Cuentas de la República, Noemí Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz de Reyes.

Estos diez procesados fueron remitidos ante el juez para ser notificados oficialmente del proceso penal que el Ministerio Público les atribuye. En calidad de reos ausentes la representación fiscal levantó cargos contra Othon Sigfrido Reyes Morales, quien supuestamente el pasado 22 de noviembre le detectaron su último viaje hacia Francia.

También están huyendo, el hermano del exlegislador, Earle Reyes Morales; su socio en empresas de bienes raíces y quien fuera también asesor en la Asamblea Legislativa, Byron Enrique Larrazábal Arévalo, y su asistente, Karla Beatriz Recinos Ramírez.

En las pesquisas por blanqueo de dinero los fiscales detectaron que Sigfrido Reyes junto a su principal aliado, Byron Enrique Larrazábal, a través de las empresas Eko Lime, Terrein, y Lubbex se beneficiaron de fuertes cantidades de dinero.

Descubrieron que en el año 2011, constituyeron e inscribieron en el Registro de Comercio la empresa Terrenos e Inversiones S. A. de C. V. (Terrein), que luego utilizaron para adquirir cinco terrenos propiedad del Ipsfa, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad.

Otras de las irregularidades que se señalan es que Reyes y Larrazábal adquirieron 11 lotes en Sonsonate a $80 mil, en 2013. Se los compraron a Marco Antonio Bercián, hijo del fallecido Asmael Bercián, alias, “El coronel Bercián”, quien era procesado por narcotráfico en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, pero tres años después esos inmuebles fueron vendidos al mismo precio a Marco Antonio Bercián.