El GPI se elabora con base a 23 indicadores cualitativos y cuantitativos y el resultado es un análisis completo sobre la paz, su valor económico, sus tendencias y las vías para desarrollar sociedades. Ese análisis ha permitido determinar que el país ocupa el décimo lugar en cuanto al costo de la violencia, generado principalmente por las muertes violentas y otros crímenes.
El estudio indica que en aquellos países donde el costo de la violencia es costosísimo suelen haber conflictos armados, desplazamientos forzados, militarización de la sociedad y violencia interpersonal. En El Salvador, salvo la militarización, los tres rubros marcan nuestra sociedad, pues vivimos en un país con un conflicto armado generado por los grupos terroristas o pandillas que se han apoderado de vastos territorios y que han hecho del crimen su modo de vida.
Las pandillas en un afán de controlar territorios mediante el terror y la violencia han generado la movilidad forzada de miles de pobladores que han tenido que desplazarse contra su voluntad ya sea internamente o siendo expulsados del país. Esta es una verdad innegable que los anteriores gobiernos se negaron a aceptar y que el actual gobierno ha aceptado de manera implícita con su recién iniciada política de recuperación de territorios. Por cierto esta política debería ser a escala nacional para evitar que quienes se desplacen sean los delincuentes de un territorio a otro.
En cuanto a la violencia interpersonal, no queda duda que poco a poco nos hemos convertido en una sociedad poco tolerante y amante de la “defensa propia”. Desde expresiones de violencia hasta formas concretas de violencia ocurren a diario. Los juzgados se llenan de demandas por violencia de todo tipo o de acusaciones por acciones que llegaron a convertirse en delitos por falta de raciocinio. Los individuos se arman como mecanismo de defensa, generándose una peligrosa espiral que fomenta la violencia.
Los ciudadanos vivimos nuestra rutina diaria con la firme convicción de que la violencia en cualquier momento nos puede alcanzar a nosotros o a cualquiera de los nuestros, por tal razón casi siempre andamos a la defensiva que más bien equivale a andar a la ofensiva. Vivimos como seres paranoicos justificados por la violencia cotidiana. Más que un instituto de supervivencia hemos desarrollado un instinto de alerta e intolerancia.
Nos hemos acostumbrado tanto a la violencia. Los medios de comunicación llenan sus espacios noticiosos con muertes y otras formas de violencia. En nuestras comunidades o cerca de ellas es casi normal que ocasionalmente se reporten hechos violentos. Nuestra permisividad llega a tanto que hemos hecho del luto y el dolor una monotonía circunstancial. Nadie se sorprende por homicidios en zonas concurridas y a plena luz del día. Los niños y jóvenes actuales no conocen la paz plena, ni siquiera han vivido una semana sin violencia. Ellos no saben que es vivir en paz. Quienes ya pasamos de los 40 años vivimos la década de los 70 sin violencia y sumidos en la paz, y una década de los 80 donde la violencia fue estrictamente de índole política entre dos fuerzas bien marcadas.
Vivimos rodeados de la violencia que expande el dolor y genera pobreza y miseria. Con más de $14 mil 761.5 millones se puede hacer mucho en un año. Hacer obras de desarrollo local e infraestructura hospitalaria, educativa y social.
Con esa cantidad de dinero se puede dotar de suficiente medicina los dispensarios nacionales, mejorar los salarios de médicos, enfermeras, profesores y agentes de seguridad. Ese dinero es suficiente para apostarle a la prevención, a la generación de fuentes de trabajo y al mejoramiento de la calidad de vida de los salvadoreños.
La violencia es cara. En 2018 nos costó más del doble del presupuesto general de la nación de este 2019. Por eso hay que apostarle a erradicar la violencia. Individualmente cada salvadoreño debemos apostarle a la tolerancia y a formar a nuestros hijos como hombres de bien; mientras que el Estado a través del gobierno apostarle a la prevención y en estos momentos a la represión del delito. Hay que abaratar los costos de la violencia.