El 6 de Septiembre del año en curso, el gobierno del Presidente Bukele y la OEA “instalan la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador”, fue un acto trascendente porque CICIES es algo que muchísimos Salvadoreños y salvadoreñas hemos estado pidiendo y esperando, con excepción de ANEP el FMLN.

Sin embargo, el acto también tuvo un carácter negativo que la oscureció con la inaudita decisión del gobierno salvadoreño de impedir la presencia de dos medios de comunicación en un acto público y oficial; esto atenta contra la obligación del gobierno de garantizar la libertad de prensa; es tan grave que la OEA protestó y lo condenó inmediatamente y la prensa internacional ha hecho lo mismo; por otra parte el acto de “lanzamiento” no contó con la presencia del Secretario General de la OEA, Sr. Luis Almagro.

La participación de la OEA en una Comisión Internacional para estos fines es de importante trascendencia para ella pues se trata de su segundo intento, por ello, la ausencia en el acto de lanzamiento de su Secretario General es realmente inusitada; uno se pregunta, ¿Será que el Secretario Almagro, que sí estuvo presente en el caso de Honduras, no quiere aparecer públicamente comprometiéndose con esta “Comisión internacional” cuando sabe que no existe acuerdo internacional con el gobierno?.... y por ello, lo que se nos presentó fue un simple “comunicado de prensa de la OEA” para cubrir al presidente Bukele en su promesa de hacerlo en los primeros 100 días.

Afirmo que la OEA sabe que no hay acuerdo con el gobierno, es porque es ella quien lo dice; efectivamente, el asesor enviado, el mismo día que dio la conferencia de prensa, fue a firmar a Cancillería una carta de intención para “El establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador”; en primer lugar se trata, como su nombre lo indica, de una Carta de Intenciones, es decir, es un documento que no tiene obligatoriedad jurídica para ninguna de las dos partes que lo suscriben; en segundo lugar, este segundo documento contradice el comunicado de prensa, pues en el numeral 1.1. textualmente dice: “Las partes manifiestan su intención de establecer una CICIES” es decir, el 6 de Septiembre solo hay una intención de hacerlo y no la realidad, mientras que en el Comunicado de prensa se afirma que la CICIES “comienza a operar de inmediato”, aún más, la Carta de intenciones pone “un plazo de tres meses” para poder iniciar; es claro entonces que en sus primeros 100 días el presidente no ha logrado cumplir con lo prometido. Lo que hasta ahora existe es simplemente la intención de ambas partes de hacerlo, pero como decía Santa Teresa de Ávila: “El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”…..

El texto de la Carta de Intención refleja la pugna entre la cautela de la OEA de no lanzarse a una aventura sin antes tener claro y por escrito el camino, las condiciones y el contenido de su cooperación contra el desesperado deseo del gobierno de aparecer cumpliendo su oferta de hacerlo en los primeros 100 días.

La Carta de Intención que firmó la ministra de Relaciones Exteriores, no solo da un plazo de otros 100 días para que la CICIES empiece a funcionar, según el punto 1.1. del texto, sino que entra en contradicción con esto cuando el punto 1.1.1. dice que “con la suscripción de esta Carta de Intención, las Parte instalaran la CICIES”. ¿En qué quedamos?, ¿Está o no instalada?.... Está claro que lo que pretenden hacer en los próximos tres meses es por una parte la exploración in situ sobre si hay o no condiciones para que esta colaboración sea eficiente y eficaz, etapa que siempre es anterior al inicio del programa y por el otro preparar, negociar y aprobar el texto del acuerdo.

Esta Carta establece por un lado: “El propósito de la CICIES de apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones de la República de El Salvador”, pero, por el otro, determina que la CICIES se establecerá “dentro de la estructura de la SG-OEA con capacidad jurídica par adquirir derechos y obligaciones en la República de El Salvador” y más adelante, que los miembros de la CICIES, nacionales y extranjeros gozaran de “privilegios e inmunidades”. Es decir se trata de una Comisión que será parte de la Secretaria General de la OEA con otorgamiento de privilegios a nacionales y extranjeros, para investigar crímenes cometidos en el territorio de El Salvador; es evidente entonces, que tenemos la absoluta necesidad de que se clarifiquen y precisen las funciones de la CICIES, y que esto requiere la autorización legislativa mediante una ley.

Finalmente la Carta de Intenciones establece que la CICIES se financiará “con recursos de la comunidad internacional”, lo cual significa que no habrá financiamiento ni por el erario salvadoreño ni por la OEA; el financiamiento es entonces una posibilidad, que toma su propio tiempo en materializarse, pues me parece que aun ni siquiera se han explorado las intenciones de posibles donantes y hacerlo implica tener el proyecto y calcular sus costos.