Editorial & Opinion

La comunicación gubernamental frente a la crisis

Ruth E. López / Abogada, Máster en Derecho Societario y en Derecho Electoral

martes 25, febrero 2020 - 12:00 am

Con mucha sorpresa leímos hace unos días una publicación del presidente en el Miami Herald que parecía sacada de una realidad virtual. Nos contó, como buen comunicador, una tergiversación de los hechos ocurridos en El Salvador el 9F.

La narrativa está basada en los siguientes elementos. En primer lugar, cuenta el tiempo de su gobierno intentando exaltar la idea de que ningún otro gobierno hizo algo mientras que en lo poco de su gestión ha logrado “mucho” o incluso todo lo positivo. Segundo, resalta, para ese público que gusta despotricar contra gobiernos que se ubican en la izquierda, la relación Maduro-FMLN. Tercero, justifica la militarización bajo la supuesta preocupación por un levantamiento popular de los salvadoreños frustrados por el ejercicio de los diputados de la Asamblea Legislativa.

No es casual que el presidente Bukele, bajo esta retórica, publicara en el Miami Herald, teniendo en cuenta que la prensa internacional y organismos internacionales han mostrado su alta preocupación hacia los signos dictatoriales mostrados en tan solo nueve meses de gobierno. Esto incluso ha sido repudiado por la derecha más recalcitrante.

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La mayoría de las audiencias no compraron el relato del presidente de militarizar la Asamblea para evitar un estallido de violencia de los manifestantes por él convocados. El impacto internacional por la violación de poderes ha sido tal, que él se ha visto obligado a afirmar que respeta la separación de poderes, cuando lo cierto es que abusó del uso de los símbolos, para mostrar control sobre un órgano sobre el cual no tiene facultades: la Asamblea Legislativa.

Las dicotomías “los que apoyan la seguridad” frente a “los que no apoyan la seguridad”, “los mismos de siempre” y “nosotros los buenos”, o “los del 90 %” ante “los del 3 %” es una estrategia etiquetadora y reduccionista que solo pretende comunicacionalmente marcar una nueva polarización: ellos los malos (cualquiera que no aplauda cualquier dislate presidencial), nosotros los buenos (todo el que sin pensamiento crítico aplauda incondicionalmente). No obstante, si esa es la premisa y si el presidente continúa tomando decisiones equivocadas, poco a poco su posicionamiento internacional y nacional irá, ineludiblemente, disminuyendo.


Su manejo de crisis y la comunicación derivada es pésima y su peor enemigo frente a su proyección es él mismo. Hoy se ve reforzada con la campaña publicitaria iniciada este fin de semana de un mensaje de 3’55”, pautada, es decir pagada para su posicionamiento y que técnicamente puede considerarse una campaña electoral adelantada. Asimismo, tiene elementos de campaña electoral negativa al usar imágenes de líderes de otros partidos políticos con el objetivo claro de devaluar a sus rivales y seguir posicionando a su partido.

Otro elemento es la prevalencia del cargo para favorecer a su partido político en detrimento de los otros, constituyéndose en propaganda anticipada por los propios funcionarios públicos, violando el artículo 218 de la Constitución que claramente establece que los servidores públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada, por lo que no podrán prevalecerse del cargo para hacer política partidista. De acuerdo con la inconstitucionalidad 8-2014, se refiere en abuso, beneficio o aprovechamiento indebido de los elementos humanos y materiales inherentes al cargo, como el desvío de la condición institucional que este implica para fines particulares, es decir, que los servidores públicos se convertían en medios de influencia para un partido político determinado.

Es evidente, pues, que existe un abuso de los elementos tangibles e intangibles de la condición de servidor público para favorecer a un partido político determinado, repitiendo patrones ilegales de anteriores gobiernos por estar prohibidos por ley según los artículos 175, 245, 184 inciso 2 y 226 del Código Electoral. Y empeora cuando se observa un uso excesivo de los fondos públicos para gastos de publicidad, al ser considerados superfluos por la Sala de lo Constitucional (Inc. 1-2017/25-2017/Amparo 73-2015), cuando, en todo caso, la publicidad gubernamental debe estar enfocada en la promoción de servicios públicos y facilitar información útil al ciudadano, pero no para pretender recuperar una imagen afectada por los excesos y ansias de poder.

En democracia, las diferencias entre órganos son intrínsecas, por lo que intentar cooptar las demás instituciones (Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, etc.) desnaturaliza el sistema llevándolo al autoritarismo, por lo que, quizás, justificarse sea el interés del presidente al publicar en el Miami Herald.




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