Entre los adeptos de la Constitución de la República, mucho se hace referencia a su artículo 1, el cual establece que la persona humana es el centro de toda la actividad del Estado y que es su obligación “asegurarle a todos los habitantes el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”, pero poco se habla de su preámbulo, a pesar de que en él se establecen los valores en los cuales se asienta la sociedad que se pretende construir a partir de este nuevo pacto social, elaborado en medio de la guerra civil. El preámbulo es breve, pero rico en valores y muestras del espíritu de reconstrucción que debió haber prevalecido durante la Asamblea Constituyente de 1983, entre las personas que genuinamente creían que era posible construir un mejor país, uno más justo. En sus pocas líneas, el preámbulo señala que los representantes del pueblo, reunidos en Asamblea Constituyente han elaborado la Constitución de 1983 “… animados del ferviente deseo de establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el respeto a la dignidad de la persona humana, en la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia y al espíritu de libertad y justicia, valores de nuestra esencia humanista”.

Han pasado 36 años desde la aprobación de la Constitución, pero la brecha social aún sigue siendo enorme y su reducción sigue siendo una deuda pendiente. Actualmente, el COVID-19 y la tormenta Amanda han desnudado aún más la vulnerabilidad insoportable en la que vive una gran mayoría de los habitantes de este país. Ambos han golpeado de forma muy distinta a los más pobres y a quienes, por ejemplo, funcionan en la informalidad.

Según cifras oficiales de la más reciente Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (2018), nuestra economía es mayormente informal. Eso significa que un grupo importante de la población vive sin sistemas de apoyo social, ni acompañamiento estatal formal para enfrentar las contingencias de la vida, a pesar de que el artículo 1 de la Constitución prescribe que nuestro Estado es un Estado social y que, además, según jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, si bien la Constitución es “neutral” respecto del modelo económico, el que más se apega al diseño de los constituyentes es el de una economía social de mercado, tal como consta en la sentencia de inconstitucionalidad 26-2008 del 25 de junio de 2009, en los términos siguientes: “El sistema económico constitucional, como marco para la libertad de empresa, pretende como objetivo el mayor desarrollo de la comunidad, su bienestar con seguridad y la justicia individual y social. Estos objetivos se logran con mayor eficacia en una economía social de mercado basada en la iniciativa creadora del hombre y la competencia”.

Esto significa que el Estado tiene la obligación de asegurarle a la población una existencia digna; es decir, una vida con base en un mínimo de condiciones materiales y espirituales que suponen que todos los habitantes podamos aprovechar, en alguna medida, de bienes y servicios indispensables, como salud, vivienda, educación, trabajo y alimentación, por mencionar algunos. Sin justicia social no hay paz ni democracia duradera. La doble emergencia que hemos enfrentado en El Salvador ha sacado lo mejor de muchas personas y hemos sido testigos de numerosos esfuerzos para ayudar a las personas más afectadas, a quienes perdieron su empleo, su vivienda y hasta a quienes lo perdieron todo; sin embargo, el principal obligado a responderle a la población es el Estado, el cual tiene el deber de establecer un sistema de protección social permanente que, según la más reciente investigación del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES (junio de 2020), incluye tres elementos: 1) políticas sectoriales que garanticen la provisión de servicios sociales para la consecución del desarrollo humano; 2) la promoción social orientada a formar y/o fortalecer capacidades en las personas para generar ingresos de forma autónoma y 3) la protección social que procure asegurar un mínimo de bienestar a toda la población, por medio del cierre de brechas de acceso a políticas sectoriales y la atención a la pobreza.

En cuanto a la ciudadanía, la solidaridad, la empatía, la compasión hacía el prójimo no deberían ser exclusivas de los tiempos de crisis y para construir el país con el que soñamos todos, cada uno de nosotros debería aportar un poco más para que las personas más vulnerables puedan tener una mejor calidad de vida, comenzando por cambiar nuestro metro cuadrado, ayudando a los que tenemos cerca y colaborando con iniciativas de apoyo social, en la medida en que cada uno pueda aportar.