¡La corrupción mata! En qué medida es difícil saberlo, porque por lo general no se contabilizan las muertes que son resultado directo o indirecto de un acto de corrupción, pero actualmente este problema se ha vuelto una de las amenazas más mortíferas que existen en el mundo.

Veamos algunos ejemplos lejanos y otros más cercanos. En 2013, murieron más de 1,000 trabajadores de la industria textil en Bangladesh cuando se desplomó el edificio donde trabajaban porque no cumplía con los estándares de construcción o porque superaba el peso autorizado para su tipo de estructura. Sin embargo, los funcionarios encargados de supervisar el cumplimiento de ambas condiciones, decidieron no hacer nada al respecto (BBC 26.12.2013). En 2017, en Ciudad de México hubo un terremoto en el que fallecieron 369 personas; la mayoría enterrada debajo de los escombros de edificios que colapsaron durante el sismo, en gran medida por fallas en su construcción, según informaron las inspecciones posteriores.

La casi totalidad de informes coinciden en que muchos de los constructores habían obviado las reglas o “agilizado” los permisos indebidamente, por lo que tanto la industria de la construcción como las autoridades tienen responsabilidad (NYT-ES 25.09.2017). ¿Cuántas personas fallecieron exactamente por causa de la corrupción en este terremoto? es difícil de determinar, pero definitivamente todas aquellas cuyas muertes estuvieron relacionadas con los edificios mal construidos o los permisos indebidamente otorgados (Sin embargo.mx 21.09.2017).

Veamos ejemplos en El Salvador. En abril de este año, una enfermera del hospital Rosales denunció que dos enfermos que padecían de problemas respiratorios murieron porque el consultorio no contaba con máquinas de oxígeno para atenderlos. Es decir, que a pesar de los notorios y excesivos abusos de fondos públicos que se han observado en varias instituciones estatales durante años, muchos hospitales públicos han quedado en el olvido y día a día fallecen pacientes por falta de insumos necesarios. La corrupción mata cuando en lugar de comprar suministros y medicinas para los hospitales los funcionarios amañan las licitaciones, se roban el dinero, gastan en bienes innecesarios como camionetas de lujo o despilfarran el dinero en viajes y viáticos excesivos, por ejemplo.

En otro caso también ocurrido en nuestro país, en julio de este año fallecieron cinco personas y muchas más resultaron gravemente heridas porque estalló un expendio de gas propano que no contaba con la autorización para operar, a pesar que el local estaba a la vista de todas las autoridades. A raíz de estas muertes, el alcalde y otras autoridades han informado que revisarán los permisos de otros negocios similares en ese municipio (Elsalvador.com 12.07.2019), pero la corrupción mata también cuando no se hacen las inspecciones obligatorias en ciertos tipos de negocios que pueden tener riesgos para la seguridad o la salud de las personas.

En el listado de hechos de corrupción que matan en el país, no podemos dejar fuera las vergonzosas irregularidades que ocurren en el transporte colectivo que terminan demasiadas veces en la muerte de muchas personas. Es de público conocimiento que el pésimo estado de numerosos buses y microbuses, así como la falta de controles antidopaje de los motoristas, por mencionar dos de los problemas más graves de este sector, causan todos los años terribles accidentes que dejan muertes y heridos. Según datos de Infosegura, en 2018, fallecieron 107 personas y 1,021 resultaron lesionadas en accidentes que involucraron buses o microbuses, pero a pesar de las muertes que causan, el Estado les renueva las autorizaciones para que sigan funcionando, en las mismas precarias condiciones.

Hay más ejemplos sobre cómo la corrupción mata en El Salvador. Solo entre dos expresidentes recientes se robaron más de US$700 millones que debieron ir a servicios y obras para la población y, sin embargo, a pesar de lo grave de este flagelo, la población no se manifiesta masivamente contra la corrupción. La percepción de la corrupción en el país sí es alta, de acuerdo con el Índice de Transparencia Internacional 2019, pero no se ubica como uno de los problemas más graves según una encuesta reciente del IUDOP, en la que solo 5% contestó que la corrupción era el principal problema del país. Las preguntas relevantes que tenemos que hacernos es ¿qué más debe ocurrir para que la lucha de la corrupción en el país pase del discurso a la acción y para que la población se movilice más contra los corruptos?