Es indudable que las próximas elecciones edilicias y legislativas de marzo del 2021, tendrán variables insospechadas y quizás hasta sorprendentes, a raíz de los escandalosos casos de corrupción hechos públicos, algunos de los cuales ya están en fase de investigación fiscal y otros, la mayoría, se encuentran activos en diversos procesos judiciales en distintos tribunales del país. Dicho lo anterior, sin perjuicio de que las mismas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) también se involucren, en un probable escenario de que ante su conocimiento se interpongan demandas de nulidad de partidos o de candidatos, como una consecuencia indeseable, pero legalmente necesaria, de esos actos de corrupción que, a diario, salpican tanto las estructuras dirigentes de los principales partidos políticos actuales, como las personalidades de algunos posibles candidatos a ocupar un cargo municipal o una diputación en la Asamblea. Es un panorama muy interesante que se advierte a la distancia y que podría variar en gran medida, el desempeño actual de la institucionalidad nacional en los próximos años.

Dependiendo de qué lado se encuentren los señalados por corruptela, así esperamos sus reacciones al respecto. Algunos, incluso, ya hablan de una persecución política en su contra, generada tras bastidores del actual gobierno, quien presuntamente anhela aprovecharse de su postura administrativa para sacar provecho electoral y llevar agua a sus molinos, en detrimento de los opositores, condición que, hasta ahora, no se perfila claramente, como para dar por sentado que estamos ante una gris condición impositiva de naturaleza oficialista, que también sería motivo de rechazo ciudadano casi inmediato, pues ya es sabido que tras el conflicto fratricida el pensar del demos es no permitir que se vuelvan a repetir los errores del pasado cuyas imposiciones groseras de fuerza, represiones y encarcelamientos, fraudes y malos manejos de escrutinios, vulneraban la voluntad popular hasta fortalecer y crear el ambiente propicio para que estallara ese fenómeno sociopático de una guerra fratricida, cuyas consecuencias aún son objeto de interés, posturas encontradas, sentencias de prisión, peticiones internacionales, etc.

No podemos excluir la remota posibilidad, que algún político desfasado, inmaduro o demasiado ambicioso del poder, pudiese intentar ese revivir funesto y oprobioso, pero las condiciones del presente no dejarían mucho espacio de acción para jugarse esa mala partida en la mesa electoral y tener éxito. No está de más aconsejar y prevenir, que lo último que podría pensarse en el ámbito político sería el renacer una corrupción perversa electoral, tan perversa y dañina como son todas las acciones corruptas.

El juego político para las cercanas elecciones tiene que modificarse profundamente y con rapidez. El escenario presente que ha saltado como liebre silvestre al propio rostro de los institutos partidarios, necesita de prontas e inteligentes modificaciones, sin temores y mucho menos, con la psiquis alterada.

Es el momento de la meditación serena, de cambiar algunas consideraciones caducas por el tiempo y su ineficacia. Vean cómo la Naturaleza nos ofrece en cada aurora y en cada atardecer, diversos matices en el horizonte, muy distintos a los del día anterior. Eso mismo pueden y deben hacer los partidos y sus miembros. Lo rutinario aburre y se vuelve obsoleto.

El estar encaramado por luengos años en un puesto, vuelve rutinario al líder político, lo encarcela en sus mismos pensamientos y decisiones y acaba por ser considerado obsoleto e inútil. Y si a tales condiciones se agrega que durante su permanencia superior, realizó o permitió la entrada triunfal de prácticas corruptas, para su beneficio personal (como se ha dejado ver en algunos juicios penales), o para sus allegados y cercanos colaboradores (que también han trascendido en otros procesos actuales), eso hace imperativo el cambio de principios, de dirigentes y candidatos.

Las cartas están sobre la mesa. De los casos recientes que investiga la Fiscalía no hay veredictos condenatorios. Nadie puede decir que son corruptos. Si demuestran su inocencia, tampoco se les podría negar su participación electoral. Ahí está la acción verdadera para afirmar esa inocencia: convencer con hechos, no palabras maldicientes, que son aptos para alcaldes o diputados, ante el mayor decisor de todo evento electoral, nuestro heroico y laborioso pueblo salvadoreño.