Por décadas el trabajo de ciertos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, como entidad superior fiscalizadora, ha sido opaco y hasta cierto punto una tapadera a cientos de funcionarios públicos que han tenido a su cargo el manejo de fondos estatales, que, dicho sea de paso, no solo han malversado fondos, sino que han hecho de los recursos públicos una piñata al utilizarlos a su arbitrio y para provecho propio.

¿Cómo olvidar el finiquito que le fue entregado al expresidente Tony Saca, el 22 de julio de 2009, por la CCR en el que se certificó que no tenía “responsabilidades pendientes” ni “responsabilidades con sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra”?

Sin embargo, la historia nos demostró todo lo contrario de ese finiquito, ya que el 12 de septiembre de 2018, el expresidente Saca, fue condenado a 10 años de prisión tras aceptar que desvió $260,7 millones del erario público durante su gestión presidencial.

Lo mismo ocurrió con el expresidente Mauricio Funes, quien recibió un finiquito el 23 de junio del 2014, firmado por el expresidente de la Corte Cuentas, Rosalío Tóchez Zavaleta. En el finiquito se asegura que, habiendo examinado en su totalidad, las cuentas de administración y manejo de fondos, así como fondos provenientes de préstamos externos, donaciones, fondos de actividades especiales, fondo circulantes de monto fijo y de caja chica, fondos contrapartida, fondo designados para los diferentes programas y proyectos de la institución relacionada con la actuación en el cargo de presidente, y no habiendo hallazgos, ni reparos u observaciones, se le extendió el más amplio finiquito, es decir que de un plumazo, casi canonizan al expresidente Funes.

De manera que, por todas estas acciones contrarias a la ley, es que las personas que han dirigido la CCR, ha jugado un papel pasivo y permisivo de toda la corrupción que ha desfilado en El Salvador, por décadas.

No obstante, con el nombramiento de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas; Carmen Elena Rivas Landaverde, presidente, junto a María del Carmen Martínez, Primera Magistrada; y Roberto Antonio Anzora Quiroz, Segundo Magistrado, se visualizó un panorama diferente y alentador, en la fiscalización del uso de fondos públicos.

Estos magistrados de la Corte de Cuentas, han dado indicios de querer hacer las cosas conforme a la ley, en el sentido que están fiscalizando temprano, por ejemplo, han señalado que 100 mil beneficiarios del bono de $300 entregado por el Gobierno fueron seleccionadas con criterios que a la fecha son desconocidos, es decir una lista secreta y poco transparente, así mismo están supervisando los gastos de la construcción del hospital en CIFCO, que de manera discrecional el Gobierno, quiere aumentar a 30 millones más.

En lo que sí se equivocó la licenciada Rivas Landaverde, presidente de la Corte de Cuentas, en asegurar que el presidente Bukele no ha recibido “nada de dinero” de los $3,000 millones en préstamos, sin embargo, esta aseveración no es del todo cierta, ya que según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Fusades, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) concuerdan que no ha recibido de forma directa y oficial el dinero, pero el presidente omite decir que el Ejecutivo ha tomado $ 25 millones del ISSS.

Ha recibido fondos de donaciones internacionales, ha efectuado reorientaciones del Presupuesto General de la Nación y ha utilizado la “tarjeta de crédito” es decir que han emitido Letras y Certificados del Tesoro, que son una especie de préstamos a corto plazo). Así tenemos el préstamo al FMI por $389 al BIRF por $20 millones y préstamo de $250 millones al BID, dinero que deberá devolverse con sus respectivos intereses, cuando ingresen los 3,000 millones, de manera que no es cierto que el Gobierno, no haya recibido “ningún cinco partidos por la mitad” como lo asegura el presidente.

Ahora bien, el deber de la magistrada presidente de la Corte de Cuentas, es mantenerse independiente, haciendo aportes técnicos y denunciando ante las autoridades las irregularidades y actos de corrupción en el manejo de los fondos públicos, y no estar tomando partido en favor de los que detentan el poder, ya que así lo establece el Art 2 de la Ley de la Corte de Cuentas y el Art 5 de la Declaración de Lima.