La actitud presidencial fue evasiva, y -con dedo acusador- culpó a la Asamblea Legislativa por los crímenes, exigiendo frenéticamente la aprobación de 91 millones de dólares adicionales a los $280 millones para seguridad pública, que ya puso a su disposición la legislatura.
En paralelo, crece la angustiosa demanda por falta de servicio de agua potable; este lamento, se convierte vertiginosamente en protesta y movilización de los afectados, asentados en numerosas comunidades de municipios densamente poblados que exigen el inmediato abastecimiento. Mientras, las autoridades de ANDA se muestran insensibles e inoperantes, más preocupadas y comprometidas con llevar el vital recurso a los grandes proyectos inmobiliarios. Adicionalmente, el Gobierno no ha establecido una postura clara de respaldo a la aprobación de una Ley de Aguas que se oponga con firmeza a la privatización del servicio, tampoco asume compromiso para elevar este bien a la categoría constitucional de derecho humano.
Miles de trabajadores deambulan desesperadamente buscando trabajo, agobiados por el alto costo de la vida, asediados por la criminalidad y frustrados por la vacuidad de pomposas ferias de empleo, publicitariamente promovidas como recurso de campaña electoral anticipada, para mantener la esperanza de que “lo mejor está por venir”; en tanto, los datos del Banco Central de Reserva muestran el escaso crecimiento con el que cerrará la economía este año. Al mismo tiempo, crece el número de deportados, mientras las autoridades migratorias de Estados Unidos, -en complicidad, silencio, abandono y sumisión del gobierno de El Salvador- reprimen, violentando los más elementales derechos humanos de niños y mujeres.
Ha sido demasiado prematuro e irresponsable, por parte del presidente Bukele, el manejo publicitario de triunfo, en la disminución temporal de asesinatos y crímenes, con el solo propósito de rellenar resultados de pasarela para el modelaje de sus primeros cien días de gobierno; un logro artificial, sin sustento, que no se corresponde con la realidad cotidiana que vive la familia salvadoreña.
El manejo propagandístico ha sido mayor que la real implementación y consolidación de una estrategia integral, diseñada para abordar el complejo y multifacético problema de la inseguridad, violencia y criminalidad, flagelo de larga data que amerita el concurso de la sociedad en su conjunto, con políticas, programas, planes y acciones debidamente conocidos y consensuados por todos los sectores.
El presidente Bukele no debe jugar a manipular las justas y legítimas demandas de la sociedad para combatir, sancionar y superar la corrupción e impunidad; es irresponsable, por ejemplo, pretender hacer de una CICIES, un arma político-electoral para descalificar voces opositoras; como es repudiable hacer de la lucha contra la corrupción una nueva cortina de humo para distraer la atención, desviando el debate de otros problemas del país.
Una CICIES debe estar inscrita en el contexto constitucional, con suficiente sustento legislativo, totalmente independiente del Gobierno, y con el acompañamiento exclusivo de Naciones Unidas; estableciendo garantías que aseguren la depuración, consolidación y fortalecimiento de nuestras instituciones. Todos, comenzando ejemplarmente por el presidente y su gabinete, debemos someternos al imperio de la ley.
En la última semana fue conocida la intervención gubernamental sobre las empresas de Adolfo Salume, que posee medios de comunicación con posturas críticas al Gobierno; en ese despliegue, participaron los Ministerio de Trabajo, Salud, Hacienda y la PNC. La acción ha implicado el cierre de algunas instalaciones. Por supuesto que es obligación del Gobierno garantizar el cumplimiento de leyes laborales, fiscales y de salubridad, y debe asegurarse que todos los actores económicos cumplan con esa normas; pero, tratándose de un empresario crítico del presidente Bukele y de su Gobierno, es altamente sospechoso que sea una maniobra interventora con tinte de una venganza política, para silenciar una voz disidente, sobre todo viniendo de un presidente que ha mostrado intolerancia y poco respeto por la libertad de prensa.
Hace 40 años, quienes se oponían a la dictadura eran asesinados; hoy, después de 27 años de los Acuerdos de Paz, esperemos que no hayan retrocesos que lamentar.