Los procesos de investigación que mantiene abiertos la unidad especializada de delitos contra la corrupción datan desde el 2010, pasan por las gestiones 2012-2015, 2015-2018 y un caso llega hasta la gestión actual.
Roger Merlos, actual alcalde de Chinameca, en San Miguel, enfrenta un proceso penal por los delitos de peculado (apropiación de bienes del Estado) y falsedad material, por un monto que supera los $2,675,184.22, entre 2017 y 2018.
Merlos ya ha enfrentado procesos de investigación, en 2013, fue condenado y multado por la Corte de Cuentas de la República por el despido de empleados municipales sin seguir el debido proceso. En esa ocasión, la contraloría señaló una “práctica tradicional” de esa comuna, en el despido de empleados de un partido, cuando hay cambio de administración.
Una fuente fiscal afirmó que también investigan al exalcalde de Santa María, Nicolás Andrés Castellón García, por supuestamente apropiarse de $544,458.04 de la alcaldía municipal.
En octubre de 2019, el exedil fue señalado por la Corte de Cuentas de la República de hacer un préstamo personal por $85,000 del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES). También el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) pidió información sobre la administración de Castellón para iniciar un proceso.
También tiene una investigación en proceso en contra del extitular del municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, Anastacio Benítez Ventura por apropiarse de $145,265.52 entre los años 2003 y 2006; de hecho, el exedil fue condenado por la Corte de Cuentas de la República a retribuir a su municipio $6,578 del FODES, que supuestamente había utilizado para atenciones oficiales, ayudas económicas y donaciones, pero que la contraloría confirmó que no fue así.
Otro exalcalde de Santa Rosa de Lima con proceso activo es Jorge Luis Rosales Ríos, por el delito de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, por un monto de $74,000 entre 2013 y 2015. Según la fuente, este proceso está en investigación aún.
Sin AFP ni ISSS
Los expedientes señalan una atracción de los alcaldes por no cumplir obligaciones con sus empleados, tal es el caso del exalcalde de Puerto El Triunfo, de Usulután, José Rodrigo Tenorio, quien tiene ocho procesos abiertos por apropiación o retención de cuotas laborales por $11,214.88, entre los años 2010 al 2018.
Tenorio fue capturado y procesado el 31 de agosto de 2016 por financiar y dar vehículos a pandilleros del barrio 18 en su gestión, sin embargo, dos años más tarde el Tribunal de Sentencia de Usulután le aplicó una suspensión de la pena por dos años.
Siempre al oriente de El Salvador, la actual alcaldesa del municipio de Santa María, en el departamento de Usulután, Yanira Beatriz Carballo, posee dos procesos abiertos por retener prestaciones laborales, preliminarmente, por un monto de $18,152.09. Los fiscales también la investigan por peculado, es decir, apropiarse de bienes del Estado.
Por el mismo delito de no pagar las prestaciones laborales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y de la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP), tiene dos procesos penales abiertos el actual alcalde de Bolívar, en La Unión, que ascienden a $5,782.41, entre los años 2012 a la fecha.
Mientras que en Sociedad, Morazán, la fiscalía investiga al exalcalde Omar Antonio Lazo, por peculado y negociaciones ilícitas de $84,241.04; la fiscalía descubrió que había hecho dos préstamos a una caja de crédito a nombre de la alcaldía para comprar terrenos y perforar pozos que nunca pagó.
La fiscalía también tiene expedientes abiertos en contra del alcalde de Conchagua, La Unión, José Abelino Medina Flores y al exalcalde de Puerto El Triunfo, Miguel Ramón Coreas Rosales, por no pagar las prestaciones laborales de sus empleados.
