Es el caso de la ex primera dama, Ana Ligia Sol de Saca, que pretendía beneficios de proceso abreviado que le evitaran la cárcel pero sin responder civilmente por los delitos y el caso de un publicista que ofreció $1.3 millones y que la Fiscalía evalúa si es suficiente. Ambos forman parte del proceso denominado “Destape a la Corrupción”.
El Ministerio Público está siguiendo el camino correcto. La responsabilidad civil es individual y no puede permitirse que ningún procesado por delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción, pretenda evadirla y menos después de beneficiarse de una condena fruto de un proceso abreviado.
Los casos Saca y Funes son especialmente emblemáticos en este sentido y la Fiscalía debe actuar de manera ejemplarizante para que en el presente y en el futuro los funcionarios públicos entiendan que quien se atreva a malversar caudales públicos en su beneficio, no quedará impune y, por el contrario, le caerá todo el peso de la ley.