Desde los Acuerdos de Paz se habla de la “modernización” de la Fuerza Armada, alejándola para siempre de la vida política partidaria y así enfocarla en la que sería su nueva misión: defender la soberanía del territorio dentro de un marco del más estricto respeto a los derechos humanos y sometida a la potestad civil de las autoridades constituidas.
Este logro se vio erosionado en el último decenio con el ministro saliente que dejó atrás el papel no deliberante que sus antecesores observaron. Las nuevas autoridades en el ejecutivo, pero también los nuevos jefes militares con el funcionario de Defensa a la cabeza, tienen la responsabilidad histórica de revertir el desgaste político e institucional de la Fuerza Armada, retomando el cauce como institución.
El país necesita una cartera de Defensa a cargo de un cuerpo de oficiales honestos y transparentes, verdaderos funcionarios de uniforme que comprendan que en el sometimiento a las leyes y a las autoridades civiles descansa la legitimidad del mando. No existe otro camino.