Una nueva polémica ha surgido entre la Asamblea Legislativa a raíz de una petición del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, de investigar lo ocurrido con el decreto 127 aprobado en 2018, con el que, aseguró, se evadieron más de $280 millones en impuestos.

El funcionario lo mencionó en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa y lo calificó hasta como “la más descarada” evasión fiscal que ha visto en toda su vida, ya que habría suspendido procesos de fiscalización tributaria de los años 2014 y 2015.

¿Qué dice el decreto 127?


El decreto fue aprobado el 26 de septiembre de 2018 y fue publicado en el Diario Oficial el 1 de octubre de ese año. Fue un Régimen Transitorio para Regular lo Concerniente a los Procesos de Fiscalización en cualquier etapa.

El artículo 1 dejó "sin efecto todos los procesos tributarios correspondientes a los periodos tributarios y ejercicios impositivos referentes a los años 2014 y 2015, de los impuestos que las Direcciones Generales de Impuestos Internos y Aduanas administran, cuyas fiscalizaciones, procesos de audiencias y apertura a pruebas o de determinación de impuestos, disminución de saldos a favor, ajustes de remanentes de crédito fiscal o imposición de multas no se hayan concluido y que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto".

El decreto agrega que la Dirección General "deberá emitir las resoluciones administrativas correspondientes, en las que se ordena dejar sin efecto estos procesos y a su vez se abstienen de realizar actos ulteriores después de la vigencia del presente decreto".

Exceptúa, sin embargo, casos bajo investigación penal o requerimientos de la Fiscalía General de la República.

El decreto fue aprobado con 44 votos, era un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda a iniciativa del exdiputado pedecista Rodolfo Parker.

¿Por qué se emitió el decreto 127?: fallo de la Sala


El 31 de julio 2014, la Asamblea reformó el Código Tributario para suspender la caducidad de las facultades de fiscalización y ampliar el plazo por tres años.

Así, la administración tributaria comenzó procesos de fiscalización de 2014 y 2015, que siguieron su ejecución hasta 2018.

El 28 de mayo de 2018, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional los decretos 762, 763 y 764 de reformas a la Ley de Impuesto sobre la Renta, reformas al Código Tributario y la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras aprobadas el 31 de julio de 2014.

La Sala declaró "la inconstitucionalidad, de un modo general y obligatorio" de dichos decretos por falta de deliberación y discusión, pero dio un plazo para dejar de aplicarlos.
No obstante, a fin de evitar la posible situación de insolvencia en el presupuesto en ejecución que, a su vez, pueda afectar la consecución de políticas públicas y la protección de derechos fundamentales de naturaleza social, que pudiera derivarse de la invalidación de los tributos contemplados en los decretos declarados inconstitucionales, difiérense los efectos de la presente decisión hasta el 31 de diciembre del año en curso, término durante el cual podrán seguir aplicándose los decretos legislativos impugnados. Vencido dicho plazo, los decretos legislativos declarados inconstitucionales serán expulsados del ordenamiento jurídico y no será posible su aplicación”. Sala de lo Constitucional, 28 de mayo de 2018.

¿Qué dicen los diputados?


El tema tiene diferentes interpretaciones por parte de legisladores de los partidos Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Nuevas Ideas y de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

El diputado Numan Salgado, de Gana, señaló que la Sala de lo Constitucional era la que “amparaba” este tipo de situaciones y que por eso hicieron “borrón y cuenta nueva”.
Grupos de poder que se protegieron con una Sala de lo Constitucional que avalaba este tipo de corrupción, porque evadir impuestos es corrupción y esta situación ya no se va a dar en el futuro”. Numan Salgado, diputado de Gana.

No descarta que los magistrados puestos el 1 de mayo puedan revisar las sentencias emitidas por la anterior Sala de lo Constitucional.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, dijo que aún no han recibido la petición del ministro de Hacienda para investigar el decreto 127, pero habló que se trataba de un sistema “corrupto”.
Lo que hacía esto era que protegía a estas empresas, en un monto que superaba los $200 millones que se iban a investigar y los dejaba fuera de esta investigación con estos decretos estos al sastre”. Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas.

Agregó que los anteriores diputados y la anterior Sala “trabajaban de manera coordinada para blindar a los grandes evasores”. Y reiteró que esperarán a ver la petición formal que haga el ministro de Hacienda y que “cada centavo” se va a recuperar.

"Para ocultar auditorías de Alba Petróleos"


El jefe de bancada de Arena, René Portillo Cuadra, dijo que el decreto se emitió en cumplimiento a la sentencia de la Sala de la Constitucional que ordenó la suspensión de os procesos tributarios “que se hubiesen hecho al margen de la ley”.

Y dijo que no habría responsabilidad para el Ministerio de Hacienda y que quien debería dar respuesta sería el titular del ramo en ese año.

No obstante, personalmente considera que esa suspensión de procesos tributarios beneficiaba a las empresas de Alba Petróleos, que fue formada por alcaldes y líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Ese decreto legislativo se dio para tratar de ocultar algunas auditorías en el tema de Alba Petróleos”. René Portillo Cuadra, diputado de Arena.

De momento, la Asamblea no ha tomado una decisión de crear una comisión especial o que alguna de las permanentes evalúe el contenido de polémico decreto 127.