En aquella época, durante la campaña el gobierno disminuía la represión y permitía a la oposición más espacio en los medios de comunicación, pero, a partir del día de la votación el panorama cambiaba: en no pocos centros de votación, al cerrar la votación, la Guardia Nacional y Orden asumían la tarea de expulsar a la oposición para que los gobiernistas hicieran el conteo a su real gusto;; adicionalmente, en la madrugada asaltaban los centros donde se guardaban las urna y durante horas se dedicaban a marcar la bandera del Partido Oficial. Todo esto era permitido y cubierto por una autoridad electoral escogida por y al servicio del gobernante y enemiga de la oposición. La reacción de la oposición era inmediata: desconocimiento de los resultados, denuncia del fraude, movilizaciones de calle y denuncias en el ámbito internacional; la respuesta del gobierno era la represión brutal. Resultados: las elecciones se deslegitimaron, la oposición se retiró del proceso electoral, y la única vía para el cambio fue la guerra civil.
Estas brutales prácticas empezaron a ser corregidas durante la guerra con la Constitución política de 1983, que inició la reforma electoral y culminaron con los Acuerdos de Paz que propiciaron los cambios más trascendentes en este campo, de tal manera que en las siguientes tres décadas, nos hemos ido “acostumbrado” a aceptar los resultados electorales, los candidatos perdedores reconocen el mismo día el triunfo del ganador y a pesar de que el partido gobernante ha continuado abusando del aparato estatal, se ha reducido su nivel y frecuencia.
Con este trasfondo electoral ético-político enfrentamos el 28 de febrero, la primera elección bajo el gobierno del presidente Bukele y, por lo que vemos, él y su partido trabajan por lograr una réplica “modernizada” de las viejas prácticas de las décadas de preguerra. Un claro ejemplo es la insistencia del presidente que habrá fraude en la elección, imitando a su gran amigo el expresidente Trump; este lo hiso porque todas las encuestas lo señalaban perdedor, pero aquí, es lo contrario, favorecen al partido cuya bandera ha asumido, -aunque siga inscrito en el partido GANA- transformándose en el abanderado de la campaña de Nuevas Ideas; ¿Sera que teme un resultado que no le satisfaga?…
Antes, desde el presidente al último funcionario público se involucraban abiertamente pidiendo el voto para el partido oficial y se aprovechaban de los bienes del Estado para sostener su campaña; ahora los funcionarios de la administración Bukele han retomado esa práctica, añadiendo una inaudita “nueva idea”, cuyo nivel de violación constitucional es tan alto que los gobiernos militares nunca se atrevieron a hacerlo; se trata del Presidente Bukele está prestando su investidura, figura y nombre para pedir el voto por el partido Nuevas Ideas; la propaganda de N.I. en TV. y radio se ha centrado en ataques contra la oposición y en presentar la figura del Sr. Bukele somo si fuera un candidato, culminando con la petición de votar “por la N de Nayib”.
Lo que estamos viendo es una flagrante y desvergonzada violación de la Constitución, que explícitamente dice: “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una facción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley” (Art. 218). Y el Código Electoral lo reafirma y lo tipifica como delito de “Publicidad Gubernamental Indebida” (Art. 184), y en el artículo 226.2 establece que “Para los funcionarios y funcionarias de elección popular y los protegidos por la Ley del Servicio Civil, se seguirán los procedimientos señalados en las Leyes correspondientes para la aplicación de sanciones.”, esto significa que si el TSE considera que el presidente ha cometido este delito, deberá enviarlo a la Asamblea Legislativa, para que esta decida si le mantiene o despoja de su fuero y en caso de hacerlo, lo remita a la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento.
Adicionalmente, el presidente Bukele ha infringido el Código Electoral que le prohíbe en el art.178: “Durante los treinta días anteriores a la fecha señalada para las elecciones, ni el Gobierno de la República, ni los Concejos Municipales y demás entidades autónomas, podrán publicar en ningún medio de comunicación privado o estatal…. inauguraciones de obras de infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza que hayan realizado, que realicen”, el actual gobernante públicamente inauguró el bypass de La Libertad dentro de los 30 días que la ley le prohíbe hacerlo.
Frente a esto, nos hacemos la pregunta: ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo Electoral, se haga el desentendido de semejantes transgresiones de la Constitución y del Código Electoral?, … ¿Será que le tienen miedo?, o ¿desconocen lo que la ley les ordena hacer?, en todo caso que no olviden que tarde o temprano, tendrán que responder ante el pueblo y la historia por sus acciones y omisiones.