El pretexto de semejante agazapo presidencial –azuzado por misteriosos “asesores constitucionalistas” o quizás de lo que mal se acuerda el presidente de sus pocos años de estudio-, ha sido la supuesta urgencia de aprobar un paquete de 109 millones de dólares de endeudamiento para un desconocido proyecto de seguridad, sin el amparo de políticas y estrategia, y en ausencia de un Consejo de Seguridad que avale el incierto rumbo. A esto se suma la reiterada ausencia de un plan de gobierno establecido en la Constitución en un contexto en el que se cuestionan viajes en vuelos privados que involucran a prominentes figuras del gabinete de seguridad, bajo la presunción de millonarios contratos que estarían vinculados al dichoso préstamo.
Sobre la tarde del domingo 9 de febrero pesan grotescos y dolorosos recuerdos del pasado dictatorial; como fantasmas hoy cobran vida, reflejados en un hemiciclo legislativo allanado y militarizado, donde a punta de fusil el presidente Bukele pretendía conminar a los legisladores la aprobación de más de un centenar de millones que, según aseguran conocedores de la materia, no es más que para apuntalar la campaña electoral del ambicioso plan para controlar la mayoría calificada de la próxima legislatura.
Fue muy oportuna la valentía esgrimida por dos ciudadanos que se atrevieron a demandar ante la Sala de lo Constitucional, el pasado sábado, el Acuerdo del Consejo de Ministros que a iniciativa del presidente Bukele pretendía “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa...” bajo el amparo de una errada interpretación del artículo 167 numeral siete, aplicado de manera retorcida para sus aviesos fines. Este artículo está considerado exclusivamente para situaciones especiales como guerra, invasión, rebelión, sedición, catástrofe, epidemias, o calamidades, de lo contrario podría haber una permanente injerencia en el Órgano Legislativo. Esa demanda, junto a otras que puedan haber, ponen en manos del Poder Judicial dirimir la controversia respecto de la evidente inconstitucionalidad de las actuaciones del presidente Bukele.
El segundo acto considerado inconstitucional –y también cuestionado en dicha demanda–, es el irresponsable llamado a la “insurrección”, efectuado por el presidente Bukele bajo el supuesto del artículo 87 de la Constitución y que hoy, bajo los lamentables auspicios del alto mando de la Fuerza Armada y de la jefatura de la PNC, son falazmente utilizados por el presidente Bukele con fines político partidarios, en una errada e interesada interpretación que esconde el propósito de efectuar bajo esa figura un Golpe de Estado Parlamentario, para concentrar el poder político en su gobierno.
Las actuaciones aventureras, erráticas y arbitrarias del presidente Bukele, son demenciales, ponen en riesgo los avances democráticos alcanzados durante estos 28 años desde la suscripción de los Acuerdos de Paz; afectan la gobernabilidad, debilitan la precaria estabilidad política y social y alejan las oportunidades de progreso económico del país, multiplicando el grado de incertidumbre que ahuyenta las posibilidades de inversión, así como el clima de negocios y la calificación del riesgo país, desenfocándose de la atención sobre los principales problemas del desarrollo.
La comunidad internacional, desde la Organización de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Unión Europea en El Salvador, el Parlacen, y el gobierno de Costa Rica, entre otros, han expresado de manera clara su rechazo a estas políticas autoritarias, pronunciándose por el respeto al pluralismo político, la plena independencia de poderes del Estado, el pleno respeto de la institucionalidad democrática, así como el irrestricto respeto a la Constitución y al espíritu y letra de los Acuerdos de Paz. Igualmente son decenas de pronunciamientos de la academia, ONG, humanistas y juristas nacionales.
Más allá de la previsible derrota política oportuna y públicamente advertida al presidente Bukele, los graves eventos desencadenados tras sus erráticas actuaciones, ponen una vez más en tela de juicio el grado de cordura y capacidad para manejar los altos asuntos de Estado. En diversas oportunidades le fue requerido someterse a una experticia psicológica para establecer su grado de cordura y racionalidad de sus actuaciones. Las evidentes dificultades para contribuir a generar unidad de Nación y especialmente para diferenciar lo correcto de lo incorrecto cuestionan su capacidad y autoridad. Lamentable.