Editorial & Opinion

La (ir)responsabilidad de los funcionarios públicos

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

miércoles 14, octubre 2020 - 12:00 am

De acuerdo a datos de la CEPAL, bajo una visión optimista, la reconstrucción de la región ante el descalabro causado por el manejo de la crisis y efectos del Covid19 necesitará más de tres años. La grave contracción económica que alcanza el 9.1%, el desempleo que previsiblemente rebase el 13.5% -sumando dieciocho millones de personas más a los que ya estaban desempleados-, terminará incrementando la pobreza a 231 millones de personas, lo que implicará un retroceso al desarrollo en al menos quince años.

Para nuestro país esto es mucho más grave pues como nación punteamos en cifras de mayor desigualdad. La presente crisis sería la más profunda del último siglo; de acuerdo al estudio a cargo de CEPAL la gran crisis de 2008, con menores alcances, planteó una lenta recuperación, señalando la necesidad de establecer políticas económicas y sociales de largo aliento, fundamentadas en la capacidad de entendimiento y concertación entre las fuerzas vivas de cada sociedad.

La capacidad de recuperación y desarrollo de las naciones -al igual que en el deporte- depende de las condiciones integrales del “atleta”: quien tenga mejor potencial cardiovascular, musculatura, mejor técnica, entrenamiento, experiencia y actitud psicológica, alcanzará las mejores marcas. El Salvador demanda una profunda, correcta e integral evaluación -desde la marcha-, que nos indique cuál es la condición del país después del impacto de la pandemia y, por lo tanto, concluir cuáles deben ser las medidas y acciones de consenso para una rápida y correcta y equitativa recuperación.

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El énfasis cortoplacista del régimen de Bukele, buscando desesperadamente y a toda costa incrementar su poder político sobre el país, dominando las instituciones que pudieran controlarle, ha desenfocado los objetivos nacionales, perdiendo de vista la advertencia de la comunidad internacional respecto a los retos de fondo, en el contexto de la institucionalidad del país, en cuanto a reapertura y reconstrucción económica para enfrentar y superar la profundidad de la crisis.

La sola presentación incompleta de la iniciativa del Presupuesto General ante la Asamblea Legislativa es una muy mala señal, tanto por las debilidades técnicas de la iniciativa, como por la carencia de los requisitos exigidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal que exige una declaración jurada de fiel cumplimiento del Ministro de Hacienda del artículo 227 de la Constitución y de la veracidad e inclusión completa de todos los egresos correspondientes.


El proyecto tampoco incluye el escenario macroeconómico de mediano y largo plazo, como resultado de una evaluación seria que explique los alcances de la crisis, desde la visión y responsabilidad del régimen; ni asume la incorporación de los parámetros y límites fijados por la propia la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente; por el contrario, dolosamente hace caso omiso de la misma. Y cabe preguntarse ¿cuál será la consecuencia de este incumplimiento?

Las agencias calificadoras de riesgo, organismos financieros internacionales, facultades de economía de universidades y tanques de pensamiento, han puesto señales de alarma respecto a la evidente falsedad de esa iniciativa presupuestaria, que a todas luces miente sobre las posibilidades de financiamiento interno frente a una economía postrada, en recesión, que necesitará no menos de tres años para recuperarse, si se hicieran bien las cosas.

También es un secreto a voces que el régimen de Bukele está ocultando información. No habla claro de la presunta existencia de un “Paquetazo Tributario” post electoral, inaplicable bajo las graves condiciones económicas y sociales del país. Así mismo resulta descabellada la pretensión de una contrapartida de financiamiento mediante un nuevo paquete de endeudamiento que llevaría al límite del 95%; cuando, además, el gobierno ya topó la tarjeta de crédito de corto plazo.

Mientras, la campaña electoral vuela, con los mismos recursos que serán solicitados más adelante.

Los funcionarios-candidatos se prevalen del cargo en su doble rol, celebrando impunes actos de campaña electoral, repartiendo -con recursos del Estado- centenares de miles de canastas de alimentos, aprovechándose del hambre y calamidad; todo bajo la evasiva, temerosa y cabizbaja mirada de los magistrados del TSE y del TEG.

PD: cuando fui parte del TSE recuerdo una llamada, después de sancionar a un funcionario, amenazando con no darle un “centavo más al Tribunal para las elecciones”, como represalia por la multa impuesta por el organismo colegiado de aquel entonces. Nosotros hicimos lo correcto, lo sancionamos, a él le tocó pagar. Para vivir en democracia es necesario que cada servidor público que juró bajo su palabra ser fiel a la República, cumpla y haga cumplir la Constitución y los deberes de su cargo.





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