Editorial & Opinion

La línea del poder

Dr. Francisco José Fermán / Abogado

martes 13, octubre 2020 - 12:00 am

El encrispamiento de la sociedad salvadoreña aumenta día a día, habiendo nuevas incógnitas acerca del futuro político del país. A las acciones políticas confrontativas del Órgano Ejecutivo, se han sumado otras instituciones de primer nivel del Estado al resistirse a cumplir con artículos del texto constitucional. El Salvador no es inmune a la corrupción, la administración del Estado está marcada por el abuso de la administración pública emanada de los funcionarios de primer nivel del Estado, lo cual merma la confianza de los ciudadanos en el Gobierno y en las instituciones.

Por el momento el Gobierno no ha hecho las transformaciones que planteó en su campaña electoral presidencial en las áreas de educación, salud y desarrollo económico; para ello ha planteado argumentos que los traslada a la situación de la emergencia de la pandemia.

Por el momento, las acciones del gobierno, están dirigidas al régimen político sin tocar el sistema económico; es decir, a las relaciones de producción y al modo de producir, lo cual significa que el poder real lo continúa sustentado el grupo hegemónico tradicional donde se enfrenta con el grupo emergente de la burguesía que está enquistada en el Gobierno, esto produce un malestar social.

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El análisis político, nos hace pensar alrededor de experiencias concretas de la realidad política, en medio de un contexto nacional complejo enfrentándose con la naturaleza, la distribución y el ejercicio del poder. Así las cosas, en términos específicos el desorden institucional, de no acatar el ordenamiento constitucional, se enfrenta con el orden que está sustentado en la Fuerza Armada y la PNC, que son las columnas vertebrales del régimen político.

De tal manera, que todo ello envuelve inquietudes sobre las conductas, actitudes y decisiones de los funcionarios de primer rango del Estado. Tal estado de cosas, aumentan las suspicacias de los críticos del gobierno, que pretenden borrar los límites del poder y concentrar el mayor poder posible, lo cual amenaza con implantar un gobierno dictatorial. Para aplicar la Constitución se debe interpretar; es decir, determinar el contenido, alcances y límites, tal competencia es de la Sala de lo Constitucional y no corresponde a ningún otro funcionario; sin embargo, en repetidas ocasiones cuando los funcionarios han sido citados para que comparezcan ante las comisiones legislativas, y no acatan la orden se escuchan argumentos que contienen excusas y justificaciones impregnadas de superficialidad y simplismo para no cumplir la orden.


El Gobierno no es sólido, porque en forma permanente está confrontando con los otros Órganos del Estado y no trabaja para cumplir los fines del Estado; y como glosario, los funcionarios no son fieles a la República y a la Constitución. La beligerancia de las municipalidades que por primera vez, se manifiestan en forma organizada ha hecho tambalear al Gobierno y este buscó rápidamente la transformación del conflicto.

Las acciones políticas deben contar con una posibilidad de éxito para que logren sus objetivos estratégicos, de tal manera, que el Gobierno ha mostrado un punto débil que teme a las expresiones organizadas del pueblo. Característica de este gobierno, es pretender desarticular las relaciones de poder que han venido funcionando al interior del Estado y esa misma correlación de fuerzas determinan la existencia del Estado; puesto que el mismo no se elige en las elecciones, sino que su existencia es producto de la correlación de fuerzas. El Gobierno desatiende los criterios políticos, para ejercer el poder, y de pensar e interpretar la realidad, entrando en el análisis de posiciones e intereses contrapuestos, los cuales por su propia naturaleza se mueven y además son esquivos y resbaladizos.  Los funcionarios pretenden cambiar el poder delegado que no son superiores al pueblo mismo y que todo acto de autoridad delegada, no puede ser contrario al mandato constitucional, de ser así son nulas todas sus actuaciones y sujetas a la deducción de responsabilidades. Lo expresado en este artículo constituye las líneas básicas del control del poder.





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