En El Salvador eso pasó durante la matanza ocurrida en enero de 1932 y la guerra con Honduras en 1969; también en medio de la violencia política desatada sobre todo en la década de 1970 y en el marco de la confrontación bélica finalizada en enero de 1992. El total aproximado de personas y desaparecidas denunciadas en el Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador entre el 1 de abril de 1973 y el 31 de julio de 1981, sobrepasa el millar de víctimas directas; la mayoría ‒719‒ en 1980 y 1981. La Comisión de la Verdad para El Salvador recibió 4,937 denuncias de hechos ocurridos entre 1980 y 1991: 1,057 de fuentes directas y 3,880 de indirectas.
Antes y durante la guerra, la estimación generalizada es que desaparecieron forzadamente 8,000 personas adultas. ¡Mítica cifra!, sin temor a equivocarme. En su informe del 2018, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ubica al salvadoreño entre los seis primeros Estados con más casos pendientes de resolver: 2,882; tras su visita al país en el 2007, este ente de Naciones Unidas informaba sobre 2,270 en esa condición. Así, más de una década después, el número registrado se incrementó en más de 600.
De la posguerra, no se tienen datos completos. Pero del 2011 al 2017 fueron más de 12,200 casos registrados, según fuentes policiales. En sedes fiscales se reportaron 3,664 durante el 2018; en los primeros cinco meses y medio del año en curso fueron 1,811. ¡Casi 18,000 víctimas directas de este flagelo en apenas siete años y medio! Y la angustia, el dolor y la incertidumbre de la familia, ¿cómo se encaran? Cifras alarmantes de antes y durante la guerra, tiempos en los que denunciar y contabilizar tal barbarie te convertía también en víctima consumada o potencial de la misma; números igual o más alarmantes a lo largo de una “paz” pactada pero nunca lograda en favor de quienes, la misma población de siempre, siguieron sufriendo el azote de la violencia. Cambiaron causas y autores, sí, pero no las víctimas directas y sus familias que desgraciadamente son protagonistas de “vivencias medievales del bien y del mal”.
En el discurso inaugural del coloquio de París pronunciado el 31 de enero de 1981, así calificó Julio Cortazar el escenario en el cual se gesta y desarrolla esta práctica también señalada entonces por él como algo “diabólico” multiplicado sistemáticamente. Sumidas en tan infernal escenario, las personas que buscan a quienes les fueron arrebatadas de su lado por la fuerza han demandado a una sorda, cerrada e inhumana Asamblea Legislativa ‒desde hace más de tres lustros– declarar el 30 de agosto como el día nacional de estas víctimas. Porque ‒igual nos dice Cortazar‒ debemos “mantener en un obstinado presente, con toda su sangre y su ignominia, algo que ya se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del olvido; hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no están pero que tenemos la obligación de reclamar, uno por uno, hasta que la respuesta muestre finalmente la verdad que hoy se pretende escamotear”.
Y no podemos ni debemos dejar que nos escamoteen, roben u oculten esa nuestra llama encendida: la que nos inspira y anima a denunciar los hechos criminales hasta encontrar las verdades no investigadas, las justicias hasta hoy negadas y las demás reparaciones necesarias para que las heridas aún abiertas sean por fin cerradas y cicatrizadas. Inspiración, ánimo y fuerza para hacerlo por Patricia Cuéllar, su padre Mauricio y Julia Orbelina Pérez ‒quienes no aparecen desde el 28 de julio de 1982‒ sobran para mí. Un ejemplo son estas palabras de la querida Esperancita, que busca a dos hermanas desde 1981: “Perdón por haber llorado, no pude contenerme. Contarlo es como volver a vivir; es como el alimento que hay que darle al cuerpo, al espíritu, para tener fortaleza. Es mejor estar con otra gente, compartir el dolor; se siente menos con otros que han sufrido”.