Los funcionarios están obligados por ley a declarar su patrimonio en su toma de posesión o cese de funciones. / DEM
La mayoría de empleados o funcionarios que no han presentado su declaración patrimonial ocupan jefaturas intermedias o cargos técnicos.
De los 283 funcionarios del Órgano Ejecutivo saliente que no habían rendido un informe de su patrimonio al 11 de septiembre de 2019, un total de 58 ocupaban cargos de dirección y subdirección; 60 eran jefes o subjefes; 46 tenían cargos relacionados a la representación diplomática, 56 ocupaban cargos técnicos o relacionados al manejo de fondos públicos y 22 cargos de coordinación.
De acuerdo a la investigación de la organización Acción Ciudadana divulgada ayer, hay evidencia de “una baja cultura de transparencia”, algo que “merece toda la atención”, ya que se trata de cargos “que autorizan la erogación de fondos públicos o que tienen contacto directo con dichos fondos”. “Son cargos que por sus funciones ponen a sus titulares en situación de riesgo de cometer actos de corrupción, lo cual hace prioritario que declaren su situación patrimonial”, señala.
Entre los funcionarios salientes que no presentaron su declaración están los subdirectores de grandes contribuyentes y de administración de Hacienda, oficiales aduaneros, director de impuestos internos, director general de aduanas, la directora de la secretaría de transparencia y anticorrupción, la refrendaria ad honorem de la Secretaría Técnica y de Planificación, cinco gerentes de Fondos del Milenio II, cuatro refrendarios del Ministerio de Salud, directores de equipos comunitarios de salud (Ecos), encargados de custodia de bienes, embajadores y otros.
